Tras un largo período de incertidumbre, los líderes europeos han alcanzado un acuerdo que sustituirá al fallido Tratado constitucional. Como hace tres años, los brindis y los gestos solemnes de congratulación han vuelto a poblar las fotos oficiales. Como hace tres años, buena parte de los comentaristas ha destacado el “paso adelante” que el nuevo Tratado comporta. Como hace tres años, sin embargo, se plantean algunos interrogantes ineludibles.

El primero: ¿este Tratado acerca la UE a los ciudadanos? ¿La hace más transparente o menos opaca? La respuesta es desafortunadamente negativa. El viejo secretismo intergubernamental ha vuelto a campar a sus anchas. La discusión pública del nuevo proyecto ha sido prácticamente nula. Ya no se habla de Constitución ni de Convención para Europa. Ya no se apela a las grandes palabras: bandera, himno, ministro de relaciones exteriores, leyes europeas. Con ello, las élites comunitarias pierden en legitimidad simbólica. Pero se deshacen, como bien ha entendido el presidente francés, Nicolás Sarkozy, de un lastre incómodo: la necesidad de consultar al poder constituyente, a las imprevisibles poblaciones europeas.

La versión disponible del Tratado de Reforma consta de 255 páginas. Además de 12 Protocolos y 53 Declaraciones, se incluyen en ellas los preceptos que modifican los ya extensos Tratados vigentes. El resultado, más que un mini-tratado o un tratado simplificado, es un maxi-engorro inaccesible incluso para los expertos. Una maraña de normas que se someterá a votación parlamentaria sin que haya tiempo apenas para su escrutinio público.

Segundo interrogante: ¿supone este nuevo Tratado un instrumento de democratización de la UE? La respuesta también es decepcionante en este punto. A medio siglo del Tratado de Roma de 1957, los órganos que disponen de más poder en la UE siguen siendo los menos representativos y los que menos controles democráticos tienen: el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia o el todopoderoso Banco Central Europeo. El único órgano representativo –el Parlamento– conserva una cierta capacidad de veto. Pero continúa sin ser un auténtico legislador y ocupando un papel subalterno en el conjunto del aparato institucional. El legado de reformas institucionales que el Tratado de Lisboa deja tras de sí es en realidad bastante pobre. Un presidente del Consejo con un mandato más largo, mayor peso para los parlamentos nacionales en el control de proyectos europeos, un jefe de diplomacia de bajo perfil y nuevos mecanismos de votación para gestionar una Unión con 27 miembros. Muy poco para las expectativas constituyentes abiertas hace tres años.

Tercer interrogante: ¿se da el salto a la Europa social exigida por la mayoría de votantes franceses y holandeses que dijeron “no” al Tratado Constitucional? Más bien lo contrario. Se insiste en entregar el alma del proceso de integración a la “competencia libre y no falseada” y a la circulación casi ilimitada de capitales y servicios. Detrás de ello late una asunción sin complejos de las privatizaciones, de la precarización del mercado laboral –ahora bajo los designios de la flexi-seguridad– y de la reducción del gasto social.

Al igual que en la Euroconstitución, el nuevo Tratado estipula que los Estados deberán “mejorar progresivamente sus capacidades militares”. Pero este lenguaje audaz desaparece en materia social o ambiental. Se institucionaliza, así, un doble rasero que la UE arrastra hace tiempo. Cuando se trata de avanzar en políticas privatizadoras y militaristas, el lenguaje de los Tratados es firme y las normas, claras. Cuando se trata, en cambio, de impulsar la armonización al alza las políticas sociales y ambientales, se recurre a principios más o menos vaporosos y a exhortaciones a la “coordinación” desprovistas de todo respaldo presupuestario.

No cabe llamar a engaño. Poco y nada es lo que el nuevo Tratado hace para sanar el crónico déficit social, ambiental y democrático que aqueja a la UE. La asunción del carácter vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales o la introducción de tal o cual competencia para el Parlamento son episodios aislados que no alterarán la sustancia del rumbo adoptado. Desaparecerá, por un tiempo, la apelación formal a la palabra Constitución. Pero la Constitución material de la UE, las relaciones de poder trabadas entre las élites comunitarias y estatales, y entre éstas y los incontrolados poderes privados que giran a su alrededor, permanecerán inalteradas.

En casos como el español, la apelación al europeísmo como superación del pasado y como promesa de bienestar ha conducido a una aceptación acrítica del proceso de integración. Pero el mito ha comenzado a perder fuelle. La elevadísima abstención –un 56%– en el referéndum sobre el Tratado constitucional, sumada a los votos negativos y nulos, es una señal que no debe minusvalorarse.

Tras el acuerdo de Lisboa, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se apresuró en anunciar que más que ante un simple Tratado, se estaba ante un “proyecto fundador (…) para una nueva Europa”. Pero tras este entusiasmo verbal pour la galerie se adivina un panorama mucho menos luminoso. ¿Qué ocurrirá, en efecto, cuando comiencen a disminuir las ayudas regionales, cuando la convergencia europea comporte más privatizaciones, mayor precarización laboral y menos gasto social? ¿Bastará con invocar, entre brindis y fotos autocomplacientes, nuevos Tratados o Constituciones que introduzcan “pequeños pasos adelante”? ¿O habrá llegado, por fin, el momento de plantearse la refundación democrática de un proyecto que ha dejado de ser para muchos sinónimo de ilustración y de alternativa civilizatoria? Estos son sólo tres interrogantes, pero muchos más quedan abiertos.