Durante esta legislatura, el PSOE no sólo ha continuado sino que ha profundizado en las políticas anteriores de mano dura, criminalización y reducción de derechos.

En el ámbito de los derechos y libertades, como en tantos otros, muchas de las expectativas generadas por el fin del aznarato y por el acceso del PSOE al Gobierno se han visto frustradas. Con frecuencia, el nuevo talante ha sido poco más que eso: un cambio de formas, algún amago reformista y demasiadas complicidades de fondo.

Con las movilizaciones contra la guerra todavía frescas en la memoria, la retirada de tropas de Iraq resultó un primer paso audaz. Sin embargo, el impulso pacifista se desdibujó pronto. Al final, el síndrome del 11 de septiembre y la presión del PP han podido más que la retórica dialogante.

En nombre de la “lucha contra el terrorismo”, se han cometido todo tipo de estropicios legislativos, judiciales y policiales. Tras el fracaso de la tregua, el Gobierno ha cedido a las teorías garzonianas del tipo “todo es ETA” y ha hecho de la Ley de Partidos un arma contra el pluralismo y la libertad ideológica. Ningún partido de ultraderecha se ha visto herido por su filo.

El imaginario punitivo, en realidad, ha desplazado poco a poco el discurso garantista. El ultrasecuritario Plan contra la Delincuencia de 2002 ha funcionado sin cortapisas. A pesar de algunas mejores puntuales, se han aprobado nuevos delitos y se han agravado penas y formas de cumplimiento. En la práctica, todo esto ha significado más condenados y por más tiempo. La tortura y los malos tratos policiales también han continuado. El Protocolo Facultativo contra la Tortura de la ONU sigue sin desplegarse y se han ignorado medidas elementales exigidas por las organizaciones de derechos humanos, como las cámaras de videovigilancia en dependencias policiales. Así, no es de extrañar que la legislatura haya empezado con un agricultor muerto en un cuartelillo de Roquetas y termine con Igor Portu hospitalizado y el Gobierno mirando a otra parte.

Amagos a medio camino
En materia migratoria, la regularización extraordinaria, de por sí restrictiva, se presentó como muestra de sensibilidad con los más débiles. Pero basta con pensar en las muertes en las vallas de Ceuta y Melilla, o en el protocolo que permite repatriar inmigrantes atados con camisas de fuerza, para recordar dónde han estado las opciones de fondo. Al acabar el 2007, había más extranjeros pobres en las cárceles españolas que nunca. Y las pocas reformas a la Ley de Extranjería de 2000 las ha acabado por impulsar el Tribunal Constitucional, ante la pasividad del Gobierno.

Los ejemplos de amagos que se quedan a medio camino o se convierten en salto atrás podrían multiplicarse. Desde el endurecimiento de la Ley de Menores o los nuevos delitos de tráfico hasta las reformas restrictivas de la libertad opinión como la LSSI o la reciente Ley Reguladora de la Libertad de Expresión en la Red. Mientras el Gobierno habla de “salud democrática”, la Fiscalía solicita prisión para unos jóvenes de Girona por quemar fotos del rey y el secuestro de la revista satírica El Jueves. Y nadie dice nada. Condicionado por la falta de mayoría propia, Zapatero no ha sido Aznar, ni Berlusconi, ni Sarkozy. Cierto. Pero la “segunda transición” en las libertades civiles y políticas, no menos que en derechos sociales, sigue pendiente.