A la espera de la sentencia sobre el Estatut, las encuestas revelan que casi un 60% de la población de Catalunya es partidaria de alternativas federales o independentistas al actual modelo autonómico. Hay una razón de peso: la percepción de la incapacidad de los grandes partidos españoles para asumir una comprensión amplia del pluralismo y del principio democrático. Es en esta clave regeneracionista y republicano-democrática, más que meramente identitaria, como deberían leerse algunas proclamas federalistas o las consultas de autodeterminación celebradas en ya más de 150 localidades catalanas.

Cuando se aprobó la Ley de Partidos, se dijo que todos los proyectos políticos tendrían cabida por vías pacíficas y democráticas. Sin embargo, el régimen constitucional español se ha mostrado reticente ante los mecanismos de participación directa o no convencional de la ciudadanía. Esta actitud se ha expresado en la restringida recepción de la iniciativa legislativa popular o del referéndum. Pero también en los intentos de frenar los procesos participativos ligados a una mayor demanda de autogobierno territorial. La propia configuración del artículo 149.1.32 de la Constitución, que exige la autorización estatal a la convocatoria de referendos autonómicos, es una constatación de ello.

En realidad, la democratización territorial del Estado lleva tiempo lastrada por estas inercias. Con frecuencia, los avances autonómicos han tenido lugar a pesar de la predisposición de los gobiernos centrales de turno. Esta dificultad para entender una realidad territorial histórica, social y culturalmente plural ha marcado la relación con casi todas las comunidades autónomas. Pero sobre todo con Euskadi y Catalunya.

Ya en su momento, el PP hizo de la convocatoria autonómica de referendos un delito sancionado con penas de prisión. Cuando el Parlamento vasco intentó romper este cerco con una ley de consultas, Gobierno y oposición cerraron filas. El Tribunal Constitucional (TC) impugnó la norma, recordando que la Constitución priorizaba la democracia de representantes sobre el principio participativo y que la única vía posible para impulsar estas iniciativas era la reforma estatutaria o constitucional. La interpretación, sin embargo, parecía desmesurada. Ante todo, porque la propia Constitución, a pesar de sus reticencias, asegura apostar por “una sociedad democrática avanzada” que contemple la participación directa, y no sólo mediante representantes, de la ciudadanía. De hecho, es discutible que un gobierno vinculado por estos principios pueda servirse de manera discrecional de su poder de veto sobre la realización de estas consultas, sobre todo cuando exista una clara iniciativa autonómica o local.

Con las intrigas generadas en torno al Estatut, ha crecido el escepticismo ante la vía autonómica. Pero también ante una eventual revisión del marco constitucional que exigiría el visto bueno de unos partidos estatales cuyas convicciones federalistas son débiles, cuando no inexistentes. Esta percepción de callejón sin salida es la que ha alentado la irrupción de una ciudadanía decidida a apelar, no ya al poder de reforma constitucional (las Cortes Generales y, eventualmente, el pueblo español) sino a otro demos diferente (las personas que viven en Catalunya, en este caso) para hacer valer sus derechos. En realidad, las consultas celebradas en los últimos meses no son sino el intento de abrir a la discusión pública un tema vedado de manera repetida por las instituciones estatales. Es un error, por tanto, desacreditarlas como una “pantomima nacionalista”. No es un dato menor que entre las más de 200.000 personas que se han pronunciado haya un número importante de inmigrantes, titulares del derecho a voto por el sólo hecho de ser vecinos de un municipio. Tampoco que haya quienes, sin ser independentistas, consideren que sólo a través del ejercicio “desde abajo” del derecho a la autodeterminación podría abrirse camino una alternativa federal y pluralista. O que entre los partidarios de la independencia haya votantes declaradamente no nacionalistas que sencillamente se confiesan hastiados de limitaciones no justificadas a la voluntad de autogobierno.

Es verdad que la participación en estas consultas no ha ido más allá del 30% de los inscritos en el censo. Pero este porcentaje es similar al registrado en muchas circunscripciones españolas en los comicios europeos o en el referéndum sobre el Tratado constitucional de 2005. Con un elemento diferenciador: las actuales consultas han sido impulsadas desde la sociedad y, al menos en un comienzo, al margen de los partidos, dando un inusitado protagonismo a otros actores. En un clima de rechazo a los escándalos de corrupción y a las formas tradicionales de hacer política, las comisiones promotoras se articularon a través de centenares de voluntarios, asociaciones de vecinos e inmigrantes, sindicatos, grupos ecologistas o de otra índole. Todo ello con recursos escasos, sin ayudas o subvenciones ni una campaña electoral que las precediera.

Sería un acto de miopía desestimar este fenómeno como un simple gesto de esencialismo nacionalista sin ver en él la huella cultural del republicanismo democrático y una inequívoca voluntad de ensanchar los cauces de participación. Aunque la posibilidad de que crezca e incluso se extienda a otros territorios del Estado no es evidente, tampoco cabría descartarla.

Más allá de la sentencia del TC, parece difícil que el actual Estado (reticentemente) autonómico pueda seguir presentándose como una alternativa definitiva. Que la salida sea un enroque neocentralista, alguna variante de federalismo o la independencia dependerá, en realidad, de la noción de democracia y de pluralismo que los actores sociales y políticos involucrados estén dispuestos a asumir.