En su reciente misión oficial, el relator de Naciones Unidas para una vivienda adecuada, Miloon Kothari, señalaba que los casos de acoso inmobiliario en España eran más graves que en cualquier otro país de Europa y que las autoridades debían actuar de manera inmediata para erradicar esta “vergüenza”.

 El acoso inmobiliario aparecía ligado a dos factores estructurales: la insuficiente regulación del mercado privado de alquiler y la ausencia de un parque público de vivienda asequible. Piénsese en el caso de la educación o de la salud. Su satisfacción como derechos depende en buena medida de la existencia de equipamientos públicos y de un sector privado bajo control. En cambio, cuando se trata de ámbitos como el trabajo o la vivienda, es el sector privado, articulado en las relaciones empresario-trabajador o propietario-arrendador el que determina las políticas respectivas. Estas relaciones no son relaciones de igualdad. En ellas, por el contrario, una de las partes, los propietarios de las empresas o de los bienes inmobiliarios, tiene una clara situación de ventaja sobre la otra.

 En el ámbito laboral, al menos, esta desigualdad se ha visto parcialmente mitigada por la existencia de leyes y de organizaciones específicas de protección de los trabajadores. Los arrendatarios, en cambio, no han gozado de protección equivalente frente al uso especulativo de la vivienda por parte de los propietarios. En este contexto, no extraña que el acoso inmobiliario se haya convertido en una práctica extendida. Según el Consejero de Vivienda de la Generalitat, Francesc Baltasar, unas 10.000 familias catalanas lo padecen. Las víctimas más frecuentes suelen ser personas mayores y carentes de recursos. La gravedad del fenómeno es tal que en los últimos años han surgido diferentes asociaciones de apoyo a las víctimas, como el Taller contra la violencia inmobiliaria. La presión social también ha obligado a actuar a las institucionales. Se han creado oficinas municipales de atención a las víctimas, se han previsto sanciones administrativas para los acosadores e incluso se ha tipificado la práctica en el proyecto de Código Penal anunciado esta semana. Estas medidas, no obstante, son insuficientes para afrontar un fenómeno que tiene su origen en un modelo urbanístico y habitacional injusto e insostenible.

 Este modelo no es el producto inexplicable de ninguna “mano invisible”. Obedece a medidas deliberadas, como el reciente anteproyecto de ley estatal que pretende favorecer el acceso al alquiler… facilitando el desahucio de los arrendatarios más vulnerables! El argumento es similar al que pretende asegurar mayor empleo desregulando las relaciones laborales y facilitando el despido. Y las consecuencias son conocidas. En realidad, mientras no se eviten los precios abusivos del alquiler privado y no exista un parque público de vivienda asequible, el acoso inmobiliario continuará siendo una “vergüenza” incrustada en el corazón del proclamado pero poco realizado Estado social de derecho.