Miles de personas de todo el Estado, organizaciones sociales, judiciales, ecologistas y sindicales han salido a contestar el acuerdo alcanzado por PSOE y PP para reformar la Constitución. No les faltan razones. El objetivo de esta reforma no es establecer límites al déficit y a la deuda. Es endurecer aún más los ya estrictos que marca el Pacto de Estabilidad de la UE. Y otorgar a los acreedores y al Banco Central Europeo garantías inéditas de que el pago de deuda tendrá prioridad sobre otras inversiones. Estas medidas no tendrán un efecto meramente simbólico. Darán cobertura a nuevos recortes sociales y agravarán la situación financiera de comunidades autónomas y municipios.

Esta deriva antisocial y antidemocrática no es una mera especulación. Ha sido el resultado constatable de iniciativas similares ya ensayadas en las últimas décadas. En EE UU, fue sobre todo el Partido Republicano –y ahora el Tea Party– quienes han insistido en la necesidad de constitucionalizar un techo al gasto público e incluso a la potestad de aumentar impuestos. Economistas como Krugman, han recordado recientemente el vínculo entre este tipo de medidas y la práctica bancarrota de estados como el de California.

En Europa, el Pacto de Estabilidad de 1997 ya constitucionalizó, a escala europea, la obcecación antidéficit, antiinflación y antideuda. La imposibilidad de ajustarse a directivas tan estrictas sin provocar un caos social llevó a la mayoría de países a combinar su incumplimiento selectivo con privatizaciones y recortes específicos. Alemania, Francia e Italia han sido durante años incumplidores crónicos. Y sólo han podido escapar a las sanciones por su capacidad de presión política en el propio Consejo. En la periferia, los intentos de adecuarse a esta tácita Constitución europea adquirieron ribetes dramáticos. Grecia impuso una política fiscal abiertamente regresiva, pero aun así tuvo que falsear sus cuentas públicas. El Estado español, por su parte, alentó una irresponsable política de sobreendeudamiento privado que los grandes partidos siguen alentando a pesar de que está en el núcleo de los problemas actuales.

Esta furtiva reforma estival no resolverá ninguno de esos problemas. Por el contrario, desencadenará un enésimo ataque a los servicios públicos y a la cohesión social, certificará la descomposición de la identidad socialdemócrata y allanará el camino a la extrema derecha y a la xenofobia. Pero también tendrá algunos efectos que podrían sorprender a sus impulsores. Asestará, por ejemplo, un golpe a la cacareada “unidad de España” mucho más certero que el de las exigencias federalistas e independentistas demonizadas por el españolismo cerril. Y sobre todo, aumentará la desafección constitucional de unas generaciones precarizadas que, además de no votarla, están siendo víctimas privilegiadas de sus límites e incumplimientos.

En este contexto, la derecha será la beneficiaria inmediata de estas reformas. Pero la impugnación que el 15M y el conjunto de movilizaciones sociales y sindicales en marcha han lanzado al actual régimen político y económico también crecerá. Esta impugnación podrá traducirse, de momento, en la exigencia de una reforma con contenidos alternativos. La Constitución, hasta ahora intocable, estará más que nunca en el punto de mira. Pero sobre todo, cargará de razones a quienes, como en Islandia, exigen, no señales que “calmen a los mercados”, sino nuevos procesos constituyentes que los sometan a lógicas genuinamente democráticas, priorizando los derechos de todas las personas sobre los beneficios de pocos.

Font: http://www.diagonalperiodico.net/La-Reforma-mas-madera-para-el-15M.html?var_recherche=jaume+asens