La oposición a los desahucios por impago de hipotecas es una de las causas que más apoyos concitan entre la ciudadanía. Gracias a la presión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y de otras entidades, la tragedia de miles de familias condenadas a la pérdida de su vivienda y al pago de deudas inasumibles se ha convertido en una injusticia intolerable. Para no quedarse al margen de este clamor, hasta el propio portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, llegó a sostener que su partido y la PAH iban «por el mismo camino». Sin embargo, nada hace pensar que el derecho a la vivienda de los sectores más golpeados por la crisis forme parte de las prioridades del Gobierno.

Hace unos días, el Congreso, con los votos favorables del PP y UPD y las abstenciones de CiU y el PNV, dio un paso decisivo en la aprobación de una reforma que afectará de lleno a otras familias: las que (mal)viven en régimen de alquiler. La iniciativa persigue dos objetivos. El primero, reducir de cinco a tres años la duración de los contratos de arrendamiento y permitir que inquilinos y propietarios pacten «libremente» aumentos ilimitados de la renta. El segundo, convertir el impago de un solo mes de alquiler en causa de desalojo y crear un registro público de morosos para dar seguridad a los propietarios.

Los impulsores de la reforma sostienen que su objetivo es «dinamizar el mercado de la vivienda» y «evitar rigideces» (un lenguaje llamativamente similar al utilizado en las últimas contrarreformas laborales). Sin embargo, a falta de un parque público asequible y suficiente lo más probable es que únicamente sirva para agravar una situación de emergencia habitacional que la ONU ha denunciado hasta el cansancio. Y que ya se ha cobrado algunas vidas, como la de José Antonio Diéguez, el vecino que el miércoles de la semana pasada se arrojó por la ventana de un modesto piso de Bilbao cuando iba a ser desalojado.

Al precarizar aún más la posición de los arrendatarios, en efecto, la reforma desincentivará el cuidado de los pisos alquilados y acabará por criminalizar a las personas con necesidades más agudas. La idea es reforzar la percepción de que la morosidad en el pago del alquiler obedece a la mala fe y no a la falta de recursos. Pero los datos disponibles demuestran que, pese a la crisis, este tipo de morosidad continúa siendo minoritaria. Y que allí donde existe, se concentra más bien entre promotores inmobiliarios y entidades financieras que no pagan ni los gastos de comunidad. Para las familias, en cambio, pagar el alquiler y evitar la pérdida de su hogar es una necesidad de primer orden. Tanto, que puede justificar la desatención de otras como la alimentación, el vestido o la educación.

En realidad, si la reforma recibe el visto bueno del Senado el derecho a la vivienda sufrirá un nuevo golpe. De entrada, se fomentará un interesado enfrentamiento entre los inquilinos más vulnerables y muchos pequeños propietarios que también se han visto empobrecidos con la crisis. Mientras, las grandes inmobiliarias y las entidades financieras podrán seguir especulando con un parque de viviendas infrautilizado que bien contribuiría a aliviar el problema. El resultado será nefasto. A los desahucios por ejecuciones hipotecarias se sumarán los de miles de personas que, sobre todo en núcleos urbanos donde el alquiler es mayoritario, no llegan a fin de mes y corren el riesgo cierto de quedarse en la calle.

No hace falta ser un crítico radical para advertir el desatino de esta política. En países como Dinamarca, Francia, el Reino Unido u Holanda, las insuficiencias del mercado privado de alquiler son compensadas por la existencia de ayudas, por la prohibición de desahucios en casos extremos, por la penalización del abandono injustificado de viviendas y, sobre todo, por la presencia de un fuerte parque de alquiler social (entre el 20% y el 35%). Y allí donde el parque público carece de peso suficiente, como en Alemania (un 6%), al menos existen límites a los precios del alquiler privado.

Si de verdad pretende dinamizar y no degradar el mercado de alquiler, el Gobierno dispone de varias alternativas. La primera, impulsar un registro riguroso, no de morosos pobres sino de grandes propietarios de viviendas abandonadas o infrautilizadas. Otra, forzar el alquiler del más de un millón de pisos vacíos en manos de las entidades financieras, comenzando por las que han sido apuntaladas con recursos públicos. Este es el razonable camino que señalan la PAH y otras entidades sociales ¿Será capaz el Senado, ese aparente convidado de piedra, de hacer resonar las voces de la calle antes de que una nueva tragedia se consume?