¿Cuántos ojos perdidos, cuántas muertes deben producirse para que las balas de goma sean definitivamente abolidas? Hoy mismo un juez de Barcelona ha imputado a  14 policías por un joven que perdió un ojo durante la huelga general del 29-M de 2012 ¿Cuántas imputaciones más hacen falta para acabar con este despropósito?

Desde el estallido de la crisis, han aumentado las protestas, y con ellas, el número de víctimas de la violencia policial en este tipo de manifestaciones. Ahí está el caso de Ester Quintana, la joven que perdió un ojo como consecuencia del impacto de una pelota de goma disparada por los Mossos d’Esquadra durante una huelga general en Barcelona. Este caso, en el que hay dos policías imputados, le costó el cargo a un Comisario, Sergi Pla. Y supuso la caída de un Consejero, Felip Puig, finalmente apartado de sus funciones tras las últimas elecciones.  En poco tiempo, en verdad, se han multiplicado los actos de solidaridad con las víctimas de este tipo de violencia. En Cataluña, se han generado campañas como la de “Municipios libres de balas de goma”. Asimismo, gracias a la presión de partidos, sindicatos, la defensoría del pueblo y asociaciones como Stop Balas de Goma, se decidió crear una comisión parlamentaria para revisar el material que usan los antidisturbios y el modelo de orden público. En su primera comparecencia, el nuevo consejero Ramon Espadaler, lamentó lo ocurrido con Esther Quintana. Pero ni asumió la  responsabilidad  del cuerpo en el asunto ni quiso reconocer que no era la única víctima de estos proyectiles.

Durante los últimos años, siempre que se ha utilizado esta munición en actos públicos ha habido heridos de gravedad. Hematomas cerébrales, perforaciones pulmonares, lesiones a las extremidades son solo algunos de los daños que pueden causar en quienes reciben su impacto. Renombradas revistas médicas como The Lancet, informes de la Sociedad Española  de Oftalmología  o el balance de personas que han perdido un ojo son, al respecto, elocuentes: más de 20 en todo el Estado desde 1990, según el matutino El Periódico. En Barcelona, sin ir más lejos, una de las supuestas víctimas fue, en el 2009, el propio jefe de la policía local, Xavier Vilaró. Tras la actuación policial como consecuencia de los disturbios por la victoria de la selección española en la Eurocopa, a Vilaró le tuvieron que extirpar el bazo. En enero de ese año, asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al Estado español por un “mal funcionamiento de la administración pública” a indemnizar con 170.000 euros a un joven herido por otro impacto por un bote de humo disparado a bocajarro por la policía nacional.

Más preocupante todavía resulta que tales armas puedan ser letales, tal como expone el reciente Informe presentado por Stop Balas de Goma con múltiples casos documentados. El más reciente es el de Íñigo Cabacas, un joven bilbaíno que en los incidentes que se dieron tras un partido del Athletic de Bilbao murió por el impacto de una bala de goma en la cabeza. El suceso llevo a Rodolfo Ares, consejero del interior del País Vasco en ese momento, a prohibir esta clase de munición a la Ertzaintza. No fueron las únicas autoridades en tomar cartas sobre el asunto. La mayoría de los países europeos, ya con anterioridad, había vetado su uso ante casos parecidos. Así, por ejemplo, Alemania, Bélgica, Holanda o Gran Bretaña sustituyeron las balas de goma por medios a priori menos contundentes e indiscriminados.  De hecho, desde hace años organismos e instituciones internacionales como el Parlamento europeo, Naciones Unidas o el Consejo de Europa vienen insistiendo en que debe de optarse por medios menos lesivos.

En un Estado que, al menos formalmente, asegura regirse por el principio del uso limitado y excepcional de su aparato represivo no resultan admisibles unos proyectiles de 90 gramos de peso que pueden superar los 720 km/s, amenazando seriamente la integridad física y la vida de las personas. La validez de un medio debe medirse por su racionalidad práctica. Es decir, por los efectos que es capaz de producir y por su congruencia con los fines proclamados. Y  las graves consecuencias producidas por su uso con toda seguridad no son queridas pero tampoco imprevisibles. Y más cuando parece innegable que son ya frecuentes los casos en que se producen disparos discrecionales, a menos de la distancia reglamentaria y en lugares donde los incidentes habían finalizado o ni siquiera empezado, como en el caso del caporal herido en plaza Cataluña.

En realidad, el uso de armas con un potencial lesivo tan grande no debería estar al alcance de un Estado de derecho para reprimir a los ciudadanos. Es una violencia desproporcionada e incontrolada reñida con el derecho que, a su vez, constituye su negación. Y ello, precisamente, por la preminencia que tiene el valor de la integridad física y la vida en un ordenamiento que se pretende democrático. Es ésa la explicación de que su uso sea más propio de los ejércitos en  conflictos bélicos que de los policías en desordenes urbanos. De hecho, en EEUU se ha utilizado en contextos de guerra en sus misiones internacionales, como en Afganistán.  Y en Israel, su uso por parte del ejército ha causado ya 16 muertos palestinos. La guerra es por naturaleza un uso de la fuerza desmesurado e incontrolado, dirigido al aniquilamiento del adversario. Una operación de policía, por el contrario, debería limitarse al uso de la fuerza estrictamente necesario, no ya para “vencer”, sino únicamente para remover una alteración grave del orden público. El uso de la fuerza policial debe quedar supeditado, con la búsqueda de esa finalidad, a la observancia de estrictos criterios de congruencia, oportunidad o proporcionalidad.  La lógica sobre la que se fundan estos principios es simple: la policía sólo puede disponer de medios peligrosos si es absolutamente imprescindible, si su uso es controlable y si con ello no se provoca un mal mayor que el que se pretende evitar.

Dotar a la policía de armas que pueden producir heridas graves o resultar letales para intervenir en manifestaciones públicas es incompatible con cualquier noción no hipócrita del Estado de derecho. Si los  propios funcionarios policiales pueden llegan a ser víctimas de una bala perdida, ¿qué pueden esperar quienes salen a la calle a manifestarse o a celebrar la victoria de su equipo? No es al buenismo a lo que se apela. Abolir las balas de goma es hoy una exigencia civilizatoria, como la abolición de la tortura o de la pena de muerte. El único homenaje creíble a unas víctimas que no volverán nunca a ser las de antes.