El próximo 11 de septiembre, muchas personas con convicciones democráticas y de izquierdas estarán unidas por algunos sentimientos comunes. Rememorarán con un ánimo similar, seguramente, el criminal golpe de Estado perpetrado contra la Unidad Popular chilena, hace ya más de cuarenta años. Recordarán también, con lecturas compartidas, el atentado contra las Torres Gemelas con el que se pretendió justificar la barbarie de Guantánamo y la política liberticida que ha ensombrecido el mundo desde entonces. Al final, o al comienzo de estas evocaciones, esta relativa comunión se topará con un escollo: la celebración nacional de Cataluña, la significación de la Diada. Aquí, posiblemente, comenzarán a torcerse los gestos, y el imaginario común, compartido, cederá paso al recelo y las discrepancias.

Algo de esto ocurrió ya el año pasado, cuando un millón y medio de personas ocupó las calles de Barcelona, con un inequívoco reclamo soberanista. En algunos ámbitos de izquierdas, la movilización fue rápidamente despachada como el enésimo engaño de la derecha nacionalista. “Es CiU, son las 400 familias de la oligarquía catalana, se trata de una simple manipulación de los medios de comunicación, no es más que un señuelo para ocultar los propios recortes”. En muchos casos, esta lectura no hacía sino activar arraigados reflejos desarrollados en tiempos de Pujol. Al poco tiempo, empero, se vería contradicha por los resultados de las elecciones plebiscitarias convocadas por Artur Mas. La promesa de un viaje a Ítaca con una barcaza desmantelada por las políticas de austeridad naufragaba en las urnas. Pero las posiciones soberanistas no decayeron. Más bien se desplazaron al centro-izquierda o a la izquierda. Creció ERC, creció una ICV-EUiA decantada contra las políticas de la Troika y a favor del derecho a decidir, e irrumpió la CUP, atrayendo –sobre todo en Barcelona– a una parte del 15-M y amparada en su “independentismo sin fronteras” por el propio Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Un sector considerable de la izquierda española se atrincheró en sus esquemas como si nada hubiera ocurrido. Todo –las consultas municipalistas por la independencia, la manifestación del 11-S, las elecciones del 25-N– podía explicarse como un gran espejismo creado por la derecha. Y si CiU había caído en votos, era simplemente porque ERC se había convertido al neoliberalismo más recalcitrante y porque ICV-EUiA se habían rendido a la insolidaridad y al nacionalismo excluyente. Su respuesta frente a esta “deriva separatista”, sin embargo, no era clara. A veces, el silencio. A veces, la invocación de un federalismo ingenuo e incierto, o directamente centralista y homogeneizador, demasiado cercano a propuestas como las de UPyD o el propio PSOE.

Naturalmente, mucha gente sensata no participó de esta lectura. Entendió que algo había ocurrido en la sociedad catalana y que ese algo no podía ser reducido a un maquiavélico golpe de mano de la derecha. Y es que el derecho a decidir en todo –en las relaciones con el aparato de Estado, pero también frente a los mercados– no era a esas alturas una reivindicación exclusiva del grueso de las izquierdas catalanas. Era la reivindicación de ANOVA y del propio BNG, en Galicia; de Bildu, en el País Vasco; de la CHA, en Aragón; de Compromís, en el País Valenciano. De ellos y de muchos actores políticos, sociales y sindicales de las llamadas “periferias” que oponían consignas similares a la política recentralizadora y austeritaria del PP y de la Troika.

Se puede discutir el carácter más o menos incisivo de las propuestas sociales impulsadas por estas fuerzas. O el balance –no exento de sombras– del paso de algunas de ellas por las instituciones. Pero lo que no es de recibo es reducirlas a la caricatura del “nacionalismo excluyente e insolidario” con la que algunas lecturas supuestamente de izquierdas (¿libres del pecado nacionalista?) pretenden desacreditarlas. Todas las mencionadas, a pesar de sus inocultables diferencias, son fuerzas internacionalistas, unidas, hoy, por la impugnación de un Régimen –el bipartidismo PP-PSOE, la Monarquía, los poderes financiero-inmobiliarios a ellos vinculados– que aparece como un auténtico bloqueo para cualquier proceso de democratización. En sus comunidades, pero también en el conjunto del Reino de España. Tan evidente ha resultado este clamor, que hasta Izquierda Unida, venciendo inercias internas, ha apoyado, junto a ICV, CHA, AMAIUR, ERC, BNG y una parte del PSC, históricas mociones favorables al derecho a decidir.

Y pese a ello, el nacionalismo español, tanto en sus versiones más explícitas como en las más sutiles, vuelve a despuntar en muchos sectores de izquierda a la hora de juzgar las manifestaciones convocadas este miércoles en Cataluña. Es obvio que estas girarán en torno a la defensa del derecho a la independencia. Como en Escocia, como en Quebec y como en tantos otros sitios en los que esta reivindicación se plantea con normalidad democrática, sin que nadie agite el espantajo de la limpieza étnica o lingüística, cuando no catástrofes mayores. También es verdad que algunas de las iniciativas previstas, como la cadena humana convocada por la Asamblea Nacional de Catalunya (La Vía Catalana por la Independencia), tendrá un carácter transversal. Y ello quiere decir que habrá personas que participarán en ella desde perspectivas conservadoras, acaso esencialistas. Pero muchas otras lo harán desde posiciones de izquierda o radical democráticas, uniendo a su voluntad de ruptura con el actual aparato de Estado, la defensa de la fraternidad –no impuesta, sino libremente escogida, no homogeneizadora, sino respetuosa de la diversidad– entre todos los pueblos, y sobre todo, entre la gente corriente, la que vive de su trabajo. Esta voluntad será especialmente clara en quienes, además, marcharán en distintos sitios de Cataluña con consignas propias del 15-M, contrarias a la Troika, rodeando simbólicamente hospitales públicos amenazados por los recortes o entidades financieras como la Caixa, directamente responsable de la estafa perpetrada en los últimos años.

La cuestión, una vez más, es cuál será la posición de las personas de izquierdas, de movimientos sociales, o simplemente democráticas, frente a esta encrucijada. Hay una previsible, por repetida, a la que ningún hecho empírico moverá de su sitio. “Otro embrollo, otro engaño nacionalista, otra movilización manipulada, otro triunfo de la insolidaridad”. El problema de estas lecturas, sobre todo cuando vienen de la izquierda, sigue siendo la falta de alternativas que plantean ¿Aplacar estos reclamos con el mantenimiento del status quo o con la evocación de un vago federalismo (¿cuán pluralista?) cuya imposición de arriba-abajo, desde el centro, ha perdido toda credibilidad? ¿Apostar por un gran cataclismo revolucionario que barra o acomode por arte de magia la cuestión de la diversidad lingüística, cultural, institucional? ¿Liquidar, directamente, las autonomías, e imponer alguna variante de “centralismo democrático”, como proponen los más exaltados?

Descartadas estas respuestas, no quedará sino explorar otras. Que a estas alturas solo resultarán viables si pasan por el reconocimiento previo del derecho a una consulta que incluya la posibilidad de la independencia. Para defender este derecho no es necesario aceptar sus justificaciones más esencialistas. Ni ser nacionalista, ni vivir en Cataluña o en el País Vasco ni estar, naturalmente, a favor de la independencia. Simplemente hacen faltan las convicciones democráticas, por ejemplo, de los miles de luchadores y luchadoras antifranquistas que no habían nacido en estas tierras y que hicieron del derecho a la autodeterminación de los pueblos una bandera en su enfrentamiento con la dictadura. O de algunos activistas irreprochables como los del SAT, que hacen lo propio todavía hoy. Si era y es claro para ellos, ¿cómo no va a concitar el apoyo, todo lo crítico que se quiera, de quienes también aspiran a una ruptura con el Régimen bipartidista heredado de la transición y hoy sometido a los intereses de la Troika?

El 11 de setiembre de 1714, Cataluña perdió su soberanía política y quedó sometida a las “Leyes de Castilla”. Pero los catalanes no fueron los únicos derrotados en aquella contienda militar. Junto a ellos, perecieron todos los que aspiraban a un marco institucional menos autoritario, no sometido al orden oligárquico y eclesiástico propiciado por los Borbones. Un siglo y medio más tarde, un federalista convencido (pero frustrado), como Pi i Margall, pudo escribir: “En aquel fuego, ardieron no sólo las instituciones de Cataluña, sino también la libertad de España”.

Como ya ocurrió en otras ocasiones, las movilizaciones sociales que tendrán lugar este miércoles serán la bestia negra de los grandes medios españoles, del PP, de la Casa Real, del Ejército, de los directivos de la CEOE o de Bankia. Y tampoco contarán con el beneplácito de los grandes poderes fácticos catalanes. A pesar de su posición subalterna respecto del poder central –o precisamente por ello– ni La Vanguardia, ni Foment del Treball, ni el Cercle d’Economia, ni los grandes grupos financieros, comenzando por la propia Caixa, ven con buenos ojos el avance de una “aventura” que fuerza a la gente a salir a la calle (¿qué garantiza que vuelvan a sus casas?), que entorpece los negocios y que hace tiempo se les ha escapado de las manos.

A la hora de pronunciarse sobre estos reclamos rupturistas en Cataluña (que existen también en el País Vasco, en Galicia… ¡incluso en Andalucía!) las izquierdas españolas, las del sur de Europa, deberían prestar atención a este hecho. Después de todo, quienes más le temen se parecen bastante, demasiado, a los que, en aquel otro 11 de setiembre, aplaudieron a Nixon, a Rockefeller, al diario El Mercurio y a los planificadores de la aciaga noche que se cernía sobre Chile.