Este mes de agosto no ha dado tregua al drama de los desahucios. El parón de los Juzgados no se ha traducido en un respiro para las familias que viven bajo la temible amenaza de ser expulsadas de sus viviendas. En menos de veinticuatro horas, en Barcelona se han producido dos desalojos encadenados y controvertidos con imágenes dramáticas que han perturbado la relativa calma veraniega de la ciudad. Gritos, empujones, heridos, recogida de pertenencias deprisa y corriendo, niños y niñas llorando.

En las dos ocasiones –una en la calle Sugranyes y la otra en Entença- se trataba de edificios enteros donde vivían numerosas familias en situación de vulnerabilidad. La finca de la calle Entença era conocida por haberse convertido en un ejemplo de la presión que sufren los vecinos y vecinas en una zona donde ya plana la sombra de la especulación inmobiliaria.

Sobre los dos sucesos se proyectan sombras y se abren interrogantes que el nuevo Consejero de Interior, Joaquim Forn, haría bien en aclarar en cuanto máximo responsable de esos operativos. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ya ha pedido explicaciones en una investigación de oficio por posible vulneración de los derechos de los afectados.

En la calle Sugranyes, la actuación se hizo sin previo aviso a las familias y con varios menores implicados. Los Mossos adujeron que disponían del plácet judicial y que el edificio estaba ocupado y vinculado a actividades criminales. La abogada de los afectados lo negaba y se quejaba de que a pesar de identificarse como tal no le habían mostrado ninguna orden.

En la calle Entença, los hechos sucedieron de distinto modo. Los agentes intervinieron a petición de la propiedad. No existía autorización judicial. Se arguyó que era un desalojo exprés y que ciertas viviendas estaban ocupadas desde hacía pocas horas. Los vecinos tenían otra versión de los hechos. Los desalojados -decían- residían allí desde hacía tiempo. Se quejaban también de que se aprovechó para realizar más desalojos de los previstos sin autorización judicial ni comunicación previa. El balance de ambas actuaciones es conocido: numerosas familias en la calle, una carga policial, dos personas heridas y un clima de pánico entre vecinos y activistas.

Un desalojo aparece a menudo como un acto banal de trámite. Lo cierto, por el contrario, es que se trata de un episodio que comporta una innegable dosis de violencia. Quien lo sufre no solo ve afectado su derecho a la vivienda sino que queda expuesto a una situación de vulnerabilidad. Una persona que pierde la casa, y que posiblemente ha perdido su empleo, se ve bruscamente arrojado a un escenario de precariedad donde todas sus expectativas se vuelven inciertas. Desde su integridad física y moral hasta su vida privada y familiar.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por ello, tiene como objetivo preservar los derechos de quienes padecen esa situación. Entre sus exigencias está procurar que no queden en la intemperie. También garantizar su derecho a la información, a ser notificados con anticipación y a que se les de un plazo razonable para abandonar sus viviendas. Cuando entre los afectados hay menores, entonces todas las alarmas se encienden. En cualquier medida que les afecte deben primar sus intereses. Lo exige la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños.

Visto desde esa perspectiva, los poderes públicos no pueden practicar desahucios y despreocuparse de las consecuencias. Deben coordinarse con todos los actores implicados para evitar que nadie se quede en la calle. En ocasiones eso no resulta nada fácil cuando los hechos transcurren, como en este caso, en pleno mes de agosto y con la practica totalidad de los albergues y pensiones de la ciudad llenos. A las familias desahuciadas, afortunadamente, el ayuntamiento les pudo localizar y ofrecer inmediatamente alojamiento. Además, se les aseguró los recursos de los servicios sociales para cubrir todas las necesidades básicas.

Una sociedad moralmente decente no puede resignarse de brazos cruzados a que este tipo de hechos se normalicen. A pesar de su carácter supuestamente aséptico, los desalojos son actos de violencia que afectan a derechos básicos. Tener un techo digno y seguro es una necesidad elemental para el desarrollo personal y para la vida en comunidad. En contextos críticos como el actual, los poderes públicos deben demostrar su compromiso, no con los privilegios de unos pocos sino con los derechos de todos. Con ese objetivo, desde el Ayuntamiento de Barcelona se ha puesto en marcha como máxima prioridad la política de vivienda.

No por casualidad, entre otras medidas, se ha cuadruplicado la inversión en vivienda social del anterior mandato; se ha movilizado 1.000 pisos vacíos del mercado privado hacia el alquiler social; se ha creado una unidad pionera de atención a la emergencia habitacional con la que se ha conseguido parar más de 2000 desahucios; se ha empezado a sancionar a los grandes propietarios de pisos vacíos, se ha condicionado las ayudas a la rehabilitación a que los propietarios mantengan los precios de los alquileres y se ha   rescatado fincas amenazadas por fondos buitres.

Nada de todo ello, sin embargo, será ningún remedio definitivo si no va acompañado de una mayor determinación de las administraciones competentes. Tanto el ejecutivo central como el autonómico arrastran una auténtica dejación de funciones en sus obligaciones para proteger el derecho a la vivienda. Con la ley Omnibus, por ejemplo, el Gobierno de Artur Mas recortó la ley del derecho a la vivienda aprobada por el tripartito en conceptos como la expropiación de uso de viviendas vacías. Una facultad que se intentó recuperar con la Ley 24/2015 impugnada en sus artículos clave por el Tribunal Constitucional.

La actual situación evidencia décadas de retraso en relación a los estándares europeos, con una insuficiente legislación de protección del derecho a la vivienda y un parque de alquiler público heredado claramente escaso. En realidad, mientras no se revierta esa situación y se eviten los precios abusivos del alquiler privado o se someta a un mayor control el sistema financiero, todos los esfuerzos que se emprendan desde los municipios serán insuficientes para erradicar de sus calles el drama de los desalojos.