Esta es la campaña que, con la etiqueta #CallesOkupadas, ha lanzado el partido de Albert Rivera contra el top manta a raíz de la agresión a un turista norteamericano en Barcelona. El episodio fue utilizado, en efecto, para presentar al colectivo como un grupo organizado, peligroso, que insultaba y “embestía” a los turistas. Con ello se contribuía a instalar la imagen de que Barcelona, o Madrid, estaban inmersas en una deriva de desgobierno dañina para sus intereses turísticos. La idea era sencilla: crear una situación de emergencia que exigiera restablecer el “orden y la seguridad” con medidas excepcionales.

Es difícil no ver tras este relato sesgado la marca del “populismo punitivo” que se extiende cada vez más por Europa. Eso en Francia se conoce desde hace años como la “lepenización de los espíritus”. No por casualidad, no fueron pocos a los que la campaña de C’s les recordó a la extrema derecha de Le Pen o incluso al fascismo de Primo de Rivera. Visto desde esta perspectiva, es una prioridad atajar ese simplismo cortoplacista. Que las imágenes de  agresiones son una escena lamentable a rechazar está fuera de duda. Que la tensión entre la policía y quien se dedica a la venta ambulante deriva a veces en violencia gratuita e injustificada, también. Sin embargo, pretender atribuir la violencia aislada de unos pocos a todo un colectivo es un despropósito en toda regla.

Esa caracterización de los hechos no es inocente. En primer lugar, sirve para ocultar las múltiples formas de violencia a la cual los manteros se ven expuestos cotidianamente. La mayoría de ellos aceptarían de buen grado trabajos más seguros y alejados de las inclemencias de la calle. Si no lo hacen es porque la misma legislación de extranjería -apoyada por C’s- se lo impide y los condena a una ilegalidad irremediable. En segundo lugar, el relato es útil para desvincular el fenómeno de las políticas de exclusión social o la masificación turística de ciertas zonas urbanas. Después de todo, lo que sí perjudica seriamente la imagen de las ciudades afectadas es precisamente un relato alarmista alejado de la realidad. En tercer lugar, permite hacer pivotar el debate sobre el espacio público y la seguridad alrededor de un marco cultural cómodo para la derecha. Los discursos del miedo a los manteros, inmigrantes o refugiados, hacen mella entre una población rodeada de inseguridades vitales. Colocar los focos sobre los más vulnerables, presentándolos como los principales culpables de la inseguridad en los barrios, o de la falta de empleo, puede ser un recurso útil. Naturalmente, para obtener votos entre una población cada vez más empobrecida. Pero también para atizar desconfianza y miedo entre los de abajo mientras se absuelve a los propios responsables de la crisis.

Lo preocupante es que ese “populismo punitivo” es un recurso tentador que recluta no solo a sus partidarios entre las filas conservadoras sino también entre las izquierdas. Sin ir más lejos, el PSC y ERC se han sumado sin contemplaciones al bloque reaccionario de “ley orden” promovido en Barcelona. Ya en el 2005 les arrastró a su terreno de juego cuando se aprobó la llamada “ordenanza del civismo”. Incluso hasta el punto que su discurso de firmeza a veces superaba el suyo en gestos y declaraciones. No pocas veces han llamado la atención algunas voces sobre el cambio de rumbo de los socialistas desde que no forman parte del gobierno barcelonés. O ciertos sectores de los republicanos – como por ejemplo los propios diputados Ruben Wagensberg y Gabriel Rufián – han expresado su incomodidad por el uso partidista de un fenómeno tan delicado por parte de sus compañeros de partido.

En verdad, el fenómeno del top manta nos alerta sobre un problema estructural que se consolida por todas partes por la combinación de factores geopolíticos, económicos y sociales. Para hacerle frente, las recetas exclusivamente punitivas promovidas por la derecha se han mostrado hasta ahora ineficaces. Y ante la carencia de resultados palpables, alimentan un espiral represivo que siempre acaba exigiendo una vuelta de tuerca más. A primera vista, sobre-actuaciones de este tipo sirven para calmar los ánimos de quienes creen que hay que aplicar “mano dura” para poner fin a la conflictividad urbana. A pesar de ello, este enfoque ha tenido un menguado balance durante esta última década. La dureza retórica contrasta a menudo con una exigua eficacia práctica sobre el terreno. En el caso del top manta, la pretensión de borrarlo por la vía únicamente represiva ha fracasado en todas partes donde se ha querido materializar. También en los municipios gobernados por la derecha donde sus alcaldes expresan a menudo la sensación de desbordamiento e impotencia. Y en Barcelona, el fenómeno no ha disminuido a pesar de que en 2016 se llegó a la cifra récord de casi 80.000 actuaciones de la Guardia Urbana y más de un millón de objetos decomisados.

Es evidente que cualquier abordaje riguroso de la problemática tiene que empezar haciendo pedagogía democrática y evitar caer en la tentación de reproducir los marcos mentales de la derecha. No puede estigmatizarse a las personas de colectivos vulnerables como cabezas de turco del malestar social. Y no hay soluciones policiales que sean mágicas o definitivas. Por el contrario, la estrategia debe ser transversal: combinar acciones preventivas y disuasivas en el control del uso del espacio público con otros de tipo social. Barcelona, por eso, ha sido la primera ciudad europea donde se han hecho ciertos pasos innovadores desde una óptica de los derechos de la ciudadanía. Los cambios en el circuito del empadronamiento, los planes de ocupación, o la cooperativa de Diomcoop, son algunas de las medidas que han permitido sacar a 130 vendedores ambulantes de la calle y tratarlos como ciudadanos de pleno derecho.

Este tipo de iniciativas, a pesar de ir en la buena dirección, son insuficientes. Que sean la norma, y no la excepción, dependerá de si hay una mayor implicación del resto de administraciones públicas. Otra condición indispensable para encauzar la problemática es levantar las barreras  legales a la regularización de las personas “sin papeles”. La falta de permisos de trabajo y de residencia son el principal factor que los empuja a buscar formas ilegales de subsistencia. En un contexto de crisis como el actual, por eso, el guión preestablecido por la derecha va en la dirección contraria. Lejos de impulsar una alternativa enfocada hacia la garantía de derechos, utiliza a los manteros como amenaza latente en beneficio propio. Con ello, se elude una discusión de fondo, no demagógica, sobre las causas reales, económicas y políticas, de la inseguridad en nuestras ciudades.

Ante esta disyuntiva, las izquierdas deben tomar partido. O se suman a las políticas punitivas que, como solía decir Eduardo Galeano, “escupen a la gente”. O se suman al frente en defensa de los derechos humanos. No se trata, como querrían los sectores más conservadores, de políticas realistas contra políticas irrealistas. El supuesto realismo de quienes confunden la “seguridad en los derechos” con el “derecho a la seguridad” es un realismo estrecho de miras. Por el contrario, el único modelo sostenible de seguridad es el fundado no en la demagogia del populismo punitivo, sino en un modelo de escrupuloso respeto a los derechos sociales, políticos y civiles de todos.