El debate sobre la situación de los y las dirigentes independentistas en la prisión o en el exilio es recurrente. Sobre la mesa, hay tres soluciones: la amnistía, el indulto y la reforma del Código Penal. En un artículo publicado en estas páginas el viernes pasado, la secretaría general de ERC, Marta Rovira, y el portavoz en el Parlament, Josep Maria Jové, expusieron su posición.

Desde su óptica, la amnistía es la única vía viable y legítima. Permite “volver al diálogo en igualdad de condiciones” y no “depende de los tribunales” sino “exclusivamente de la voluntad política”. Por el contrario, la reforma penal exige “amplísimas e imposibles mayorías en el Congreso” y “el visto bueno de un Tribunal Constitucional que podría alargar el proceso durante años”. No hay que ser un experto en derecho para apreciar que el argumento no se adecua a la realidad. Para empezar, en esta descripción binaria hay un error de partida. Las tres propuestas son legitimas y no excluyentes. En realidad, tienen naturaleza, efectos y recorridos diferentes. Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus inconvenientes. 

No es la primera vez que, desde las filas republicanas, se desenfoca el debate. Primero, presentaron el indulto como una opción inaceptable porque obligaba a los beneficiados a arrepentirse y a pedir perdón cuando la ley no dice nada de eso. El indulto es una herramienta válida del Ejecutivo para corregir injusticias perpetradas en los tribunales. Después, exigieron al Gobierno del Estado que diera órdenes a la Fiscalía cuando la separación de poderes lo prohíbe. Ahora, vuelven a dibujar un diagnóstico sesgado. La constitucionalidad de la amnistía es un hecho controvertido pero nadie pone en duda que la última palabra, a diferencia de la reforma de la sedición, es del Tribunal Constitucional.

Tampoco es aceptable el argumento de una reforma penal inviable. El voto de la mayoría de la investidura y de los partidos independentistas suman apoyos suficientes. En cambio, la ley de amnistía sí tiene una correlación de fuerzas desfavorable. El PSOE se ha opuesto firmemente y la actual composición conservadora del Constitucional hace inimaginable su “visto bueno”, vista la prohibición de los indultos generales de la Constitución. Además, la amnistía en el pasado ha sido una herramienta útil para pasar página pero en contextos de grandes consensos históricos ahora lejanos.

Desplazada en este plano, la discusión toma otra fuerza. La acción política que lo fía todo en los grandes hitos, al todo o nada, puede ser muy atractiva pero acaba a menudo en la frustración. Trabajar en escenarios de largo plazo no es incompatible con hacerlo en el corto. Visto desde esta perspectiva, sorprende el menosprecio de Rovira y Jové a las soluciones pragmáticas. Calificar la reforma penal de “poco menos que ofensiva” es temerario cuando es una exigencia, no solo de los comunes, sino de los sindicatos, el Síndic de Greuges o entidades de derechos humanos como Amnistía Internacional. La reforma apunta a dos objetivos. Uno, la libertad de los presos y exiliados. Dos, blindar el derecho de manifestación, sea quien sea quien lo ejerza: independentistas pero también sindicalistas, ecologistas o activistas de la PAH.

Los términos en los que se define un problema son parte de su solución. Por eso, la crítica a las propuestas de los adversarios no exime de ecuanimidad y rigor intelectual. Por el contrario, los republicanos tendrían que evitar el hipercriticismo paralizante ante reformas que pueden acercar hitos más utópicos. No podemos esperar a que llegue una improbable amnistía para empezar a desjudicializar el conflicto. Para reunir complicidades en el camino, también es útil practicar la solidaridad reclamada por uno mismo. La represión no empieza con el independentismo. De hecho, su propuesta no prevé nada sobre otros perseguidos como los indignados del 15- M condenados por los hechos del Parlament. No se puede olvidar que solo ICV y la CUP se opusieron. En cambio, ERC facilitó que Marchena aceptara el recurso del Parlament contra su absolución. Para ser creíbles, otra incongruencia por revisar es la actitud de la Generalitat respecto de los manifestantes independentistas acusados de disturbios. Es poco honesto reclamar la amnistía para quien pides penas de prisión en los tribunales.

Sea como sea, tienen razón Rovira y Jové en un punto. Cualquier propuesta de desbloqueo del conflicto pasa por su desjudicialización. Un acuerdo sin solución para los represaliados no es viable. No será fácil. Habrá que superar muchos obstáculos pero todo el mundo, y cada uno desde su posición, tendrá que esforzarse por encontrarla