Al inicio del verano, los alcaldes de las localidades catalanas de El Vendrell y Calafell sorprendieron a la opinión pública al anunciar que autorizaban zonas francas para el ejercicio del llamado “top manta”. Tras unos días de shock, y bajo la presión de comerciantes, el consejero del Interior de la Generalitat, Joan Saura, optó por hacerles entrar en razón y apostar por una política de “tolerancia cero” basada en el incremento de la presión policial. Aunque la decisión ha sido celebrada como un ejercicio de responsabilidad, resulta difícil no verla como una salida en falso que, lejos de buscar una alternativa realista y éticamente aceptable a un problema complejo, opta por negarlo, sacrificando a quienes se encuentran en la posición más vulnerable.

Mientras tanto, las redadas, detenciones, multas e incautaciones a los manteros se han intensificado. Pero su actividad tampoco ha cesado. Y no lo ha hecho porque lo que hay detrás de ella no es una oscura estrategia para enriquecerse, evadir impuestos o burlar la ley; es un intento desesperado y legítimo por sobrevivir. Si se dedican a la venta ambulante es en razón de la propia legislación de extranjería, que hace casi imposible su regularización y los expone a un constante asedio policial. Para quien carece de papeles, esta situación es más grave si cabe en tiempos de crisis. Es esto lo que vuelve inaceptable, e incluso indecente, la reacción de ciertos medios y agentes políticos y económicos a las medidas de los consistorios tarraconenses. Como en las crónicas policiales más tendenciosas, los manteros han sido retratados como pícaros que pretenden hundir el negocio del resto de comerciantes, como sujetos violentos que insultan y se enfrentan a quienes requisan su mercadería, e incluso, como incívicos que obstaculizan la libre circulación…

Esta construcción sesgada de los hechos escamotea las condiciones reales que rodean el fenómeno. Como ya han reconocido varios tribunales, este tipo de actividad está lejos de producir un daño significativo a los productos imitados. La mercadería vendida es a menudo la misma que miles de personas bajan de internet y el impacto en el pequeño comercio es, en verdad, mucho menor que el de las grandes superficies u otros negocios. Por último, la visión criminalizadora de los manteros invisibiliza las múltiples formas de violencia a la que se ven expuestos cotidianamente.

El estigma construido en torno al top manta ha abonado el terreno para la cruzada punitiva, ahora respaldada desde la Generalitat. La propuesta de los alcaldes de CiU y del PSC no obedecía a radicalismo alguno ni a una ingenua vocación humanitaria. El top manta era un fenómeno extendido en sus localidades, solía crecer en épocas turísticas y se había multiplicado en razón de la pérdida de empleos de muchos inmigrantes.

En ese contexto, fomentar su organización, pactar unas zonas delimitadas para la venta, especificar los productos autorizados y negociar la aplicación progresiva de tasas municipales podía no ser la solución ideal. Pero era, como reconocieron sus impulsores, una alternativa de “sentido común”. Una salida que podía facilitar el arraigo a medio plazo de los inmigrantes.

El acuerdo final con los comerciantes ignora las voces de los inmigrantes e insiste en una vía cara, probadamente ineficaz y nada integradora. Quienes, como el consejero de ERC, Josep Huguet, pedían eliminar del paisaje una estampa “tercermundista” podrán sentirse satisfechos durante un tiempo. Pero el problema seguirá ahí. Y quienes hoy han intentado barrerlo bajo la alfombra –o bajo la manta–, con una salida más propia de Sarkozy que de un consejero ecosocialista, habrán perdido una ocasión para marcar la diferencia, ofreciendo una respuesta garantista, humanitaria, valiente e imaginativa.