El movimiento de los indignados ha puesto en evidencia las escasas credenciales democráticas de muchas instituciones estatales y autonómicas. La Junta Electoral Central fue incapaz de distinguir las actividades de proselitismo partidista de un legítimo e innovador ejercicio del derecho a la manifestación y a la libertad de expresión.El Gobierno de la Generalitat parece haber confundido el apoyo electoral recibido por su partido con una carta blanca para ‘limpiar’ todo reclamo ciudadano que no se pueda reconducir a los mecanismos electorales. Con anterioridad, el Gobierno español también cedió a la tentación de barrer la protesta en la Puerta del Sol en Madrid. Y ahora el Gobierno de Aguirre y ciertos empresarios insisten en cortarla de raíz.

Las plazas de ciudades y pueblos españoles, durante las últimas semanas, habían recuperado una de las funciones originales de la plaza pública: espacio donde la población puede hablar, encontrarse y expresarse, generando nuevas formas de convivencia ciudadana.

Como diferentes sindicatos policiales y los mismos servicios municipales de limpieza habían reconocido, la actuación de los acampados en el mantenimiento del espacio público había sido ejemplar. Esto explica que la operación preventiva ordenada por el Gobierno catalán haya resultado, además de desproporcionada, ridícula, poniendo de relieve la extrema debilidad de algunos discursos de tolerancia ‘cero’ con todo lo que sea disidencia más allá de las instituciones. Y más tras constatar la capacidad de los acampados para evitar, con una cadena humana, la extensión de los incidentes futbolísticos a la plaza.

Como diferentes sindicatos policiales y los mismos servicios municipales de limpieza habían reconocido, la actuación de los acampados en el mantenimiento del espacio público había sido ejemplar

El 1 de mayo, en un momento en que los bancos multiplicaban sus beneficios y el paro juvenil sobrepasaba el 40%, el consejero de Interior Puig prometió que “tensaría la ley hasta allá donde está permitido y algo más” para desarrollar su tarea. La irresponsabilidad y la carencia de realismo de esta filosofía no tardaron en manifestarse. Una cuestión de simple “limpieza del espacio público”, que se podría haber resuelto con diálogo y mediación, se convirtió en un problema de orden público. La Policía “del país”, rechazada por manifestantes pacíficos, se vio expuesta a una fuerte deslegitimación. Y el Gobierno acabó proyectando una concepción del Estado de derecho más propia del mamporrero caricaturizado en el programa de humor Polonia, que de un consejero obligado a respetar la legalidad vigente.

Unas instituciones más inteligentes habrían entendido hace tiempo que detrás de esta interpelación late algo más que una simple protesta juvenil

Lejos de lograr sus objetivos, la actuación policial desató y extendió la indignación por todas partes: cortes en la entrada de la ciudad, atronadoras caceroladas por todos los barrios o muestras de solidaridad del resto del Estado. En definitiva, un nuevo acicate para un movimiento que ha vuelto a reconquistar, con más fuerza que nunca, la plaza. Y que ha dejado una retahíla de peticiones de dimisión o quejas ciudadanas de entidades como Jueces para la Democracia, la Federación de Vecinos de Barcelona o el Síndic de Greuges. Pero también del resto de partidos políticos e incluso de sindicatos policiales, como el SME-CC OO de los Mossos y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.

Unas instituciones más inteligentes habrían entendido hace tiempo que detrás de esta interpelación late algo más que una simple protesta juvenil a la que se pueda barrer a golpe de porras. Con su arrogancia, por el contrario, han mostrado su incapacidad de entender que una democracia genuina no se puede reducir a una cita electoral que deja fuera muchas reivindicaciones y puntos de vista. Educarlas en estos valores será, quizás, una de las principales tareas de salubridad “y de higiene pública” que los movimientos ciudadanos y populares tendrán por delante en estos turbulentos tiempos.