El llamado caso Tous ha reavivado numerosos debates en el seno de la opinión pública y del mundo jurídico. ¿Qué influencia tuvo en el veredicto las características de la víctima y del acusado? ¿Que es más infalible un tribunal de jurado o de jueces? ¿Éstos habrían operado igual? No pocas voces han aprovechado la absolución de Lluis Corominas, jefe de seguridad y yerno de los joyeros, para poner en cuestión el papel del jurado en el sistema jurídico español. A pesar de su parte de razón, estas críticas no apuntan al fondo del asunto. Aprovechan un caso extremo para atacar a una institución con una fuerte impronta democrática pero no inciden en los factores que desvirtúan su funcionamiento en las sociedades actuales. El más evidente, quizá, es la desigual capacidad con la que se enfrentan ricos y pobres a las severidades de la ley. O la deferencia hacia los poderosos y los dobles raseros que suelen imperar entre los grandes medios de comunicación y los propios jueces.

Que un jurado absuelva a quien dispara dos veces y a bocajarro a una persona desarmada que pretendía robar a sus pudientes suegros refleja, ciertamente, una errónea comprensión de los requisitos técnicos de la legítima defensa. Pero expresa, sobre todo, una fuerte identificación social con valores como la defensa de la propiedad privada, la familia, la respetabilidad de las clases acomodadas o el carácter siempre amenazante de ciertos extranjeros. Difícilmente puede negarse, así, el peso de prejuicios o estereotipos en este tipo de casos. Basta recordar, por ejemplo, famosos veredictos como la absolución de unos policías de Los Angeles que habían apaleado a un negro o la injusta condena de Dolores Vázquez, cuya condición sexual no paso inadvertida para el jurado.

Esta identificación no se produce de manera espontánea. Es el producto de un férreo consenso mediático difundido de manera machacona, día a día, y que condiciona lo que resulta aceptable y lo que no. Este consenso conservador, más duro con el pobre que con el rico, con el extranjero que con el autóctono, en la defensa de lo propio a cualquier precio, influye decisivamente en el juicio de los ciudadanos de a pie. Pero también en las decisiones de jueces, fiscales y otros operadores jurídicos que, más allá de este caso puntual, no dejan de expresar valores similares e incluso más rígidos.

Que en el caso Tous un grupo de legos haya adoptado una decisión difícilmente aceptable para un jurista profesional no debería servir ni para absolver la cultura conservadora de dichos juristas ni para negar las potencialidades democratizadoras del jurado. Un análisis empírico de las decisiones judiciales en diversos ámbitos, por el contrario, muestra que a pesar de su supuesta independencia y formación especializada, los jueces no están libres de prejuicios clasistas o de otra índole. Es más, muchas de sus decisiones, amparadas por la legitimidad de la “técnica”, son más irrazonables que las alcanzadas por muchos jurados dotados de sentido común.

A la luz de estos elementos, las enseñanzas que arroja el caso Tous deberían situarse en su punto justo. Que la institución del jurado debe mejorar en la selección de sus miembros, de las preguntas y de la información de que disponen o del tipo de delitos sobre los que deberían intervenir, es indudable. Una genuina democratización de la justicia, en todo caso, no se agota en más y mejores jurados. Exige un cuestionamiento profundo de los prejuicios económicos y culturales con los que opera. Sino no se tocan esos resortes, toda discusión aislada a favor o en contra del jurado está destinada a ser una trampa. O lo que es peor, un distractor del debate esencial acerca del sentido democrático y garantista de la justicia como instrumento de tutela del más débil y de remoción de la impunidad del más fuerte.