El vínculo entre la seguridad y la actuación policial se ha convertido, en las últimas semanas, en uno de los ejes centrales de la agenda política catalana. El primer desencadenante fueron las imágenes difundidas urbi et orbi, a través de la televisión o internet, de agresiones de mossos a detenidos en la comisaría de Les Corts. Poco más tarde, y en pleno período electoral, entró en escena el famoso punzón llamado kubotán, que acabó de agitar las aguas ya removidas por la denuncia de otras irregularidades policiales.

A no pocos les incomodó que se abriera un debate sobre el trato a los detenidos en las comisarías catalanas y sobre el modus operandi de un cuerpo al que se suponía liberado de ciertas prácticas del pasado. Buena parte de la discusión inicial se planteó en torno a si los incidentes denunciados debían haberse ocultado o no. La reacción de los partidos de derechas fue más allá y se oyeron diferentes voces pidiendo la dimisión del conseller de Interior, Joan Saura, por estar “más preocupado por los delincuentes que por la policía”.

EN UN REFLEJO instintivo de trillado corporativismo, algunos sindicatos policiales también cerraron filas y justificaron las actuaciones cuestionadas. Como respuesta a las críticas recibidas desde diferentes entidades de derechos humanos, convocaron una inusual manifestación en la que se oyeron gritos y consignas como “Saura dimisión” “kubotán, kubotán” o “bote, bote, okupa el que no bote”.

Si la ley 10/1994 establece un auténtico código de conducta o de buenas prácticas para los mossos, esa manifestación representó un claro ejemplo de su mala aplicación. En lugar de inspirar empatía social o fortaleza democrática, los mossos dieron una imagen de descrédito y politización, alejada de la apariencia de imparcialidad profesional que exige la ley y que es de esperar de un cuerpo nacido y formado en democracia.

Una izquierda consecuente, o simplemente comprometida con el Estado de derecho y con la defensa de los derechos humanos, no debería acomplejarse ante este tipo de reacciones. Es más, debería señalar de manera inequívoca la incongruencia que comporta denunciar la vulneración de derechos en los Guantánamo del mundo mientras se pretenden ocultar los trapos sucios de una policía autóctona.

Toda política de seguridad puede tener dos direcciones opuestas: orientarse hacia el modelo del “derecho a la seguridad” o hacia el modelo de la “seguridad en los derechos”. El primero pretende reducir la eficacia policial al despliegue de medidas ejemplarizantes bien sobre los sectores económica y socialmente más vulnerables, bien sobre la disidencia política y cultural. El segundo, en cambio, parte de que el único orden democrático por el que vale la pena luchar es aquel preocupado por reducir al mínimo las intervenciones represivas y por remover, en cambio, el desorden causado por las grandes desigualdades económicas y sociales.

No se trata, como querrían los sectores más conservadores, de políticas realistas contra políticas irrealistas. El supuesto realismo de quienes identifican la eficacia policial con la falta de controles democráticos es un realismo estrecho de miras y de muy corto plazo. Por el contrario, el único modelo sostenible de seguridad es un modelo fundado no en la demagogia del populismo punitivo, sino en el escrupuloso respeto de los derechos sociales, políticos y civiles de todos. Eso incluye también los derechos de los detenidos en dependencias policiales, que, más allá de toda otra consideración, son, en ese momento, parte débil frente a la posible arbitrariedad de los cuerpos de seguridad.

LA DECISIÓN de crear un comité de ética de la policía y, sobre todo, el anuncio por parte del Departament d’Interior de instalar cámaras de vídeovigilancia en las dependencias policiales son medidas seguramente insuficientes, pero van en la buena dirección. Poco importa que la Constitución garantice a los detenidos derechos si después se conceden a la policía amplios poderes discrecionales. En cualquier comisaría, la relación del detenido con el agente se consuma en secreto y es de tal dependencia o sujeción que puede dar pie a abusos o maltratos difícilmente controlables. Esto, aquí y en cualquier lugar. Por este motivo, el Estado español aprobó y recientemente ratificó el protocolo facultativo para la prevención de la tortura y otros tratamientos o penas crueles, inhumanas o degradantes. También por eso, el Parlamento catalán se comprometió a “implementar las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura”, entre las cuales se incluía la instalación de cámaras en los calabozos de las comisarías.

EL CONTROL democrático de los cuerpos de seguridad no puede banalizarse como una expresión de ingenuidad o hippismo político. Desde luego no lo es para las víctimas reales, y por desgracia demasiado frecuentes, de actuaciones arbitrarias. Tampoco para las víctimas potenciales, que seríamos todos los ciudadanos, de imponerse las supuestas tesis realistas. La lucha contra la impunidad policial supone una victoria de la lógica del Estado de derecho frente a la lógica de la razón de Estado. Después de todo, en un sistema que se pretenda democrático siempre será preferible tener una policía bajo sospecha que una policía descontrolada.