Tras la huelga del 29-M, el gobierno del PP y algunos gobiernos autonómicos como el de Catalunya, encabezado por CiU, han anunciado el endurecimiento de las técnicas de represión policial y del Código Penal. Estas propuestas incluyen la restricción del derecho de reunión, el fomento de la delación ciudadana, la ampliación de conductas constitutivas de atentados contra la autoridad y la incorporación en el delito de integración en organización criminal la “alteración grave del orden público” y la concertación de concentraciones violentas por medios como Internet o las redes sociales.

Ninguno de estos anuncios se ha producido de manera aislada o caprichosa. Todos se inscriben en el clima creciente de protestas contra los recortes de derechos sociales básicos realizados con la excusa de la reducción del déficit y de la deuda pública. Estos recortes suponen graves incumplimientos de la legalidad constitucional e internacional vigente, y han tenido un impacto notable en la calidad de vida de amplios sectores de la población, comenzando por los jóvenes.

Las medidas anunciadas reflejan, además de una deriva autoritaria, un acto de impotencia política que pretende ocultar las cesiones a los poderes económicos y financieros con la exacerbación de instrumentos penales que generen una impresión de firmeza. Esta actitud no es nueva. Forma parte, en rigor, de un populismo punitivo que ha acompañado el desmantelamiento del llamado Estado de bienestar y que se ha intensificado con el estallido de la crisis financiera actual. Como distintas organizaciones judiciales han señalado, si en verdad el Gobierno quisiera atajar fenómenos como el vandalismo gratuito, ya cuenta con instrumentos suficientes para hacerlos. El propósito de fondo, no obstante, parece otro: reinstalar, como ha declarado el Conseller Puig, “el miedo al sistema” a través de medios punitivos que permitan hacer frente a las nuevas formas de protesta aparecidas en el último año. No es otro el sentido que cabe atribuir a la pretensión de incluir la resistencia pacífica y pasiva –característica del 15-M- en el delito de atentado contra la autoridad con elevadas penas de prisión.

Es especialmente grave que para impulsar estas medidas se haya tomado como excusa una jornada de huelga general caracterizada por su masividad y su carácter pacífico. Esta realidad ha sido ignorada por el gobierno, que ha puesto todo su empeño en distorsionar y exagerar algunos actos aislados de violencia para crear una situación de alarma social que justifique la intensificación de la represión. Esta visión de las cosas es interesada y parcial. Buena parte de la violencia producida el 29-M tuvo que ver con actuaciones contra los trabajadores y las personas que se manifestaban. Solo en Barcelona se recabaron decenas de denuncias por coacciones empresariales, que bien podrían ser constitutivas de los delitos contra la libertad sindical contemplados en el artículo 315 del Código Penal. La brutalidad policial, por su parte, dejó un saldo de dos personas operadas de urgencia del bazo y otras dos con impactos de balas de goma en un ojo y altas probabilidades de pérdida de visión. En total, el servicio de emergencias médicas atendió a unas 80 personas, de las cuales 23 fueron derivadas a diversos hospitales. Nada de ello ha recibido reproche institucional alguno. En cambio, se han utilizado de manera abusiva tipos penales como los desórdenes públicos o los atentados a la autoridad para inculpar o encarcelar arbitrariamente a personas que participaron en las protestas.

Muchas de estas detenciones preventivas dictadas con ánimo ejemplificador evocan prácticas normales hace 40 años, en pleno régimen franquista, pero deberían estar desterradas de cualquier régimen que se pretenda mínimamente democrático. Es más, en un contexto de exclusión y precarización social crecientes, los poderes públicos deberían ser especialmente respetuosos con el derecho de crítica y de manifestación de la ciudadanía. Esta obligación debería ser especialmente intensa respecto de aquellos grupos que menos voz tienen en el espacio público. Y debería ser especialmente intensa, también, respecto de derechos específicos como el de huelga, que no en vano goza de mayor protección constitucional que la libertad de empresa y que, en ciertas circunstancias, prevalece sobre otros como la libertad de circulación. Nada de esto supone otorgar carta blanca a la violencia indiscriminada. Sin embargo, las conductas antijurídicas deben sancionarse por lo que son, y no por su vínculo imaginario con el “terrorismo”, la “guerrilla urbana” u otros fenómenos que nada tienen que ver con la actual protesta social.

Las propuestas de los gobiernos del PP y de CiU expresan un intento torpe de criminalizar el malestar generado por la gestión de la crisis y se enmarcan en una lógica de excepción, propia del Derecho Penal del enemigo. De llevarse adelante, sólo deslegitimaran más sus políticas, amenazaran la cohesión social y aumentarán la sensación de bloqueo de las vías institucionales de crítica. Frente al uso demagógico del discurso securitario solo hay una respuesta: ganar la calle y exigir la seguridad en el respeto a los derechos civiles, políticos y sociales de toda la población. Este será el sentido del acto ciudadano contra el miedo y por la libertad convocado en Barcelona mañana 14 de abril, fiesta republicana.