“Sería un error que para revertir la hegemonía que CiU y el Partido Popular están consiguiendo en torno a la cuestión nacional, las izquierdas de Catalunya y del resto del Estado se atrincheraran en la negación o el desprecio del derecho a decidir. Su desafío es otro: hacerlo suyo y conseguir que las aspiraciones federalistas, confederalistas o independentistas converjan, en las urnas y más allá de ellas, en iniciativas comunes de lucha contra las políticas ‘austeritarias’ europeas y contra un régimen constitucional bipartidista que ha abdicado de toda función democratizadora”

La propuesta de un referéndum sobre la permanencia o no de Catalunya en el Reino de España ha desatado todo tipo de resistencias. Las más cerriles han provenido del nacionalismo español de derecha. Desde allí se exigió, en un primer momento, responder a la iniciativa con el código penal, como en tiempos de Aznar, cuando no directamente a través de la intervención militar. Con todo, la ofensiva contra el derecho a decidir no ha sido patrimonio exclusivo de la derecha. Un sector de la izquierda en Catalunya, más nutrido en el resto del Estado, salió rápidamente a descalificar la consulta como si tratara de una simple estrategia de manipulación del nacionalismo conservador. La constatación posterior de que contaba con un apoyo amplio entre la sociedad catalana, fue generando un ligero cambio de posiciones. Algunos críticos iniciales han dejado entrever que podrían aceptar un referéndum, aunque casi siempre con desdén, insistiendo en que en el fondo se está ante un embrollo artificialmente creado. Los cañones, desde entonces, han pasado a apuntar directamente a la independencia, presentada como una iniciativa amenazante y disolvente, como un capricho de ricos que debilita las posibilidades de afrontar los retos de una economía capitalista globalizada. En sus mejores versiones, estas críticas contienen gérmenes de verdad. El problema es que a menudo presentan una versión esquemática de lo que está ocurriendo. Y sobre todo, no consiguen ofrecer una alternativa capaz de conjugar adecuadamente las aspiraciones igualitarias de las izquierdas con la defensa de la diversidad, de la democracia radical y de un genuino internacionalismo.

Que CiU se ha valido del soberanismo para forma de diluir su responsabilidad en la gestión de la crisis y de ganar oxígeno es una realidad innegable. Pero esto no convierte al derecho a decidir en una caprichosa invención suya. Por el contrario, lo que Artur Mas ha hecho es leer un reclamo extendido en la sociedad catalana e intentar capitalizarlo a su favor. Para ello, ha tenido que asumir unos objetivos y un estado de movilización con el que ni el alto empresariado catalán ni su propia coalición política se sienten del todo cómodos. Según las últimas encuestas realizadas en Catalunya y en el resto del Estado, un 75% de los catalanes están a favor de un referéndum y solo un 19,9% se oponen. Los porcentajes alcanzan un promedio similar o mayor entre los votantes de partidos de izquierda, entre los jóvenes y entre un importante sector de la población surgida de las migraciones españolas de hace 40 y 50 años. De los partidarios de la consulta, entre un 41% y un 44% votaría a favor de la independencia [1].

Nada de esto es una simple creación de CiU. El ascenso del soberanismo, de hecho, no podría explicarse sin la beligerancia del nacionalismo de Estado español y sin las resistencias de la sociedad catalana a un marco constitucional no solo viciado en su origen, sino que se ha ido cerrando de manera sistemática a las aspiraciones de mayor autogobierno. La lista de agravios, desde la malograda LOAPA de 1982 hasta la sentencia del Tribunal constitucional sobre el Estatut de 2010, está lejos de ser un simple artilugio nacionalista. Se trata de una percepción extendida que entronca no solo con la masiva manifestación de la Diada, sino también con las numerosas consultas soberanistas celebradas previamente y con las propias exigencia de democracia radical propagadas por el 15-M. Es verdad que la desafección respecto de la España de las últimas décadas se ha visto espoleada por la crisis, pero ello no tiene por qué quitarle legitimidad. Mucho menos cuando el propio Partido Popular la ha aprovechado para lanzar una ofensiva en toda regla contra el principio de autonomía, yendo más allá de las exigencias de la troika. En efecto, el impulso en la UE de reglas de reducción del déficit y del endeudamiento público más rígidas aún que las del Pacto de Estabilidad de 1997, ha otorgado al gobierno la excusa perfecta para emprender un creciente proceso de recentralización, laminando profundamente la autonomía financiera y empujando a las Comunidades Autónomas a recortar sus de por sí menguadas políticas sociales. En abril de este año, la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada para “desarrollar el nuevo artículo 135 de la Constitución” (el que se compromete a dar prioridad absoluta al pago de la deuda contraída con la banca y los grandes inversores) ya se propuso atarlas presupuestariamente todo lo posible. Para ello, supeditó el cumplimiento de rígidos objetivos de estabilidad la autorización de las emisiones de deuda, la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios. El artículo 26 de dicha ley invoca expresamente el amedrentador artículo 155 de la Constitución española –uno de los preferidos por Manuel Fraga o por Juan Carlos Rodríguez Ibarra– con el objeto de ordenar medidas automáticas de corrección para las comunidades remisas. Por si fuera poco, el gobierno impulsó un Real Decreto-ley posterior con el propósito de obligar a las CCAA con problemas de tesorería y susceptibles de ser “rescatadas” por el Estado central, a colocarse prácticamente bajo las órdenes del Ministerio de Hacienda. Se pretendía reproducir así, en el orden interno, la misma operación de sujeción que el Pacto fiscal europeo alentado por Alemania pretende realizar con los Estados. El objetivo es similar: garantizar que los fondos transferidos no afecten “el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las operaciones de endeudamiento con instituciones financieras multilaterales” (artículo 15).

En un contexto así, la expresión “España nos roba” resulta seguramente tosca y primitiva [2]. Pero no debería ocultar ni el proceso de recentralización en curso ni la existencia de un modelo de financiación inequitativo y poco transparente que a menudo premia a las oligarquías territoriales en detrimento de las clases populares catalanas y del resto del Estado. La situación de injusticia fiscal en relación con Catalunya es admitida incluso por el rabiosamente anti-independentista Manifiesto de los 300 –rubricado, según el diario El País, por personalidades de “centro-izquierda” entre los que se encontrarían Mario Vargas Llosa, Carlos Solchaga o el Ministro Portavoz de Aznar, Pio Cabanillas–. Este reconocimiento no es un dato menor, sobre todo proviniendo de “solidaristas” que no suelen mostrar la misma indignación ante las políticas neoliberales e insolidarias del PP y del PSOE o que acostumbran a mostrarse más comprensivos con la singularidad del concierto vasco o del convenio navarro (un sistema de financiación que ni el Partido Popular de dichas comunidades cuestiona).

Frente al tópico de la región opulenta que se niega a compartir su riqueza, hay que recordar que en Catalunya hay dos millones y medio de personas por debajo del umbral de la pobreza –un 30% de la población–. Esta peligrosa situación de fractura social tiene que ver, desde luego, con las regresivas políticas sociales y fiscales llevadas a cabo por CiU (y en más de un aspecto, por el gobierno tripartito anterior). Sin embargo, no puede explicarse al margen de otros factores decisivos. Uno: la existencia de un modelo de financiación que, agravado por los incumplimientos e irracionalidades estatales en materia de inversiones, se ha traducido en una vulneración reiterada del principio de ordinalidad (la pérdida relevante de posiciones en materia de capacidad de gasto que se produce tras las diferentes operaciones de nivelación territorial) [3]. Dos: el propio proceso de recentralización competencial y de recortes sociales alentado por el gobierno central. Tres: la presión “austeritaria” y privatizadora proveniente de la propia UE. Un auténtico corsé de hierro que atenaza cualquier despliegue de la autonomía digna de ese nombre.

También sería un error, en todo caso, reducir la reivindicación del derecho a decidir a una cuestión meramente económica. Entre parte de la derecha, pero también entre la izquierda, es frecuente comparar a Catalunya con la Padania italiana y ensayar lecturas gramscianas del caso español en la que las reivindicaciones de autogobierno catalanas o vascas no serían más que un agravio de ricos contra el Mezziogiorno empobrecido. Esta equiparación, en realidad, minusvalora el autoritarismo y la escasa sensibilidad pluralista que el nacionalismo español ha exhibido a lo largo de su historia [4]. A diferencia de los nacionalismos periféricos, que en el mejor de los casos han contado con el acceso a un aparato institucional limitado, el nacionalismo español ha operado como un auténtico nacionalismo de Estado. Esto le ha permitido imponerse jurídica, económica y comunicacionalmente en ámbitos decisivos, además de servirse de la coerción o de la amenaza de la coerción para llevar adelante sus propósitos. Ha sido así, desde luego, durante la dictadura franquista –cuya huella no ha desaparecido–, pero también con el llamado Estado autonómico, un “modelo” que avanzó, no tanto por voluntad real de reconocimiento del autogobierno por parte del centro como gracias a la presión de las periferias. Como bien señala Jaime Pastor, para pensar la cuestión nacional las izquierdas ibéricas deberían prestar más atención a figuras como la del dirigente del Bloc Obrer i Camperol y del POUM en los años treinta del siglo pasado, Joaquín Maurín. A diferencia de Gramsci, cuya concepción de lo nacional-popular se vinculaba a un Estado en última instancia mononacional, Maurín partía de una lectura plurinacional del Estado español. Y entendía que no habría proyecto socialista posible en la península sin el reconocimiento de esa diversidad y del derecho a la autodeterminación -incluida la secesión- y a la unión libre de los pueblos que la integraban [5].

Ciertamente, intentar fundar el derecho a la autodeterminación en la existencia de una situación de opresión externa puede parecer desmedido tras el fin del franquismo. Pero en la actualidad, el derecho a decidir no puede reducirse al derecho a la autodeterminación de los pueblos oprimidos o colonizados que evoca el derecho internacional. Por el contrario, tras sentencias como la del Tribunal Supremo de Canadá sobre el caso de Quebec, de 1998, debería identificarse simplemente con un derecho democrático. El que corresponde a cualquier comunidad política que se sienta inferiorizada por razones culturales, políticas y/o socio-económicas y que sea capaz de expresarlo a través de una voluntad clara, suficiente y libremente conformada. Es esto lo que cimienta su reclamo en sitios como Quebec o Escocia. Pero también en otros como Galiza o Euskadi, donde –sobre todo tras el fin de la violencia de ETA– cuenta con crecientes apoyos entre las fuerzas de izquierda y los movimientos sociales.

Que CiU pretenda defender este derecho y mantener al mismo tiempo políticas neoliberales no autoriza a quienes se oponen a ellas a negarlo. Después de todo, las críticas más severas y concretas a la corrupción y a las políticas neoliberales de CiU no han provenido del PP o de los sectores de izquierda estatal reacios a la autodeterminación. Han sido planteadas, sobre todo,  por movimientos sociales e izquierdas catalanistas, moderados y radicales. Un espectro amplio que, en términos de organizaciones políticas, puede ir desde ERC e ICV-EUiA a la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) o a Revolta Global-Esquerra Anticapitalista (sin excluir, claro está, a un sector importante de las bases de izquierdas y catalanistas del propio PSC). Estas fuerzas suelen definirse mayoritariamente como independentistas y como federalistas –si acaso, como confederalistas–, pero no como nacionalistas. Por el contrario, el crecimiento del soberanismo, propiciado entre otros elementos por la adhesión a dichas posiciones de antiguos y nuevos migrantes llegados de otros sitios del resto del Estado y del mundo, ha generado un cambio en la percepción mayoritaria de la idea de comunidad nacional. Ello se ha reflejado de manera más intensa en las izquierdas catalanas. Su compromiso, de hecho, con una concepción no esencialista, culturalmente mutable y plurilingüe de la propia comunidad política, y su apuesta por la solidaridad –no sólo nacional sino internacional– suelen ser mucho más exigente que los de los grandes partidos estatales. Es esta realidad la que explica, de hecho, que un nutrido sector del 15-M, tradicionalmente abstencionista y nada sospechoso de nacionalismo, haya brindado a su apoyo a una candidatura independentista alternativa como la de las CUP, considerándola un revulsivo en términos de democracia radical.

Quienes pretenden reducir el actual movimiento soberanista a una simple manipulación de la derecha tampoco deberían olvidar el vínculo histórico del catalanismo con las clases populares y medias. Desde el siglo XVII, de hecho, se produjeron en Catalunya al menos cuatro intentos de proclamación de una república propia, interclasistas, pero con un importante apoyo popular. Durante la revolución francesa, hasta los jacobinos –¡presentados como la máxima expresión del centralismo!– se hicieron eco de esta reivindicación. Un catalanista de izquierdas moderado como Rovira i Virgili explicaba en los años treinta del siglo pasado que Robespierre se había trasladado a Perpinyà llevando en su maleta las viejas leyes de Catalunya y que había ordenado que la Constitución francesa de 1791 se tradujera al catalán. Asimismo, que Couthon, cercano también a Robespierre y a Saint Just, propuso a la Convención Nacional francesa el apoyo a una república catalana [6]. En su mayoría, estos intentos, incluidos los producidos durante las dos repúblicas españolas, aspiraban a vincular fraternalmente la nueva república catalana con el resto de pueblos ibéricos, desde abajo y en condiciones de igualdad. Aunque estas iniciativas se vieron frustradas por la violencia o por la incomprensión estatal, a menudo contaron con simpatías en otros territorios del Estado. No en vano, hundían sus raíces en un sinnúmero de luchas populares contra el absolutismo monárquico similares a las emprendidas en su momento por los comuneros castellanos o por el campesinado andaluz. Tras la crisis de la primera restauración borbónica y con la llegada de la II República española, las aspiraciones del catalanismo encontraron eco en importantes figuras republicanas como el galleguista Alfonso Castelao –frecuentemente evocado por Xosé Manuel Beiras– o el andalucista Blas Infante. El propio Manifiesto andalucista aparecido en Córdoba el 1 de enero de 1919 ya señalaba que: “en todas las regiones o nacionalidades peninsulares se observa un incontrastable movimiento de repulsión hacia el Estado centralista. Ya no vale resguardar sus miserables intereses con el santo escudo de la solidaridad o unidad, que dicen nacional. Aun las regiones que más aman la solidaridad, como sucede a Andalucía, van dándose cuenta de que los verdaderos separatistas son ellos: los que esparcen recelos con relación a pueblos vivos, como Cataluña y Vasconia, por el delito horrendo de querer regir por sí sus peculiares intereses” [7].

A pesar del franquismo, de las renuncias de la transición y del estallido de la crisis de 2008, esta memoria anticentralista y democratizadora está lejos de haber desaparecido. Se expresa, por el contrario, en las múltiples iniciativas solidarias entre gente y colectivos de diferentes rincones del Estado. El reciente manifiesto de personalidades y activistas gallegos solidarios con el ejercicio del derecho a decidir en Catalunya –suscrito por gente como Beiras o Carlos Taibo– y el rubricado a favor del derecho de autodeterminación por personas de izquierdas de diferentes rincones del Estado –Santiago Alba, Pepe Beunza, Ariel Jerez, Carmen Lamarca, José Manuel Naredo, Justa Montero, Jaime Pastor o Jorge Riechmann, entre otros– son un reflejo modesto pero real de la pervivencia de estos lazos.

Es verdad que junto a estas iniciativas se han lanzado otras que consideran prioritario evitar toda coincidencia con Mas y cerrar el paso a cualquier tipo de independentismo, apostando por el federalismo como única alternativa disponible para las clases trabajadores y populares. El problema de estas posiciones es que no siempre dejan claro de qué tipo de federalismo se está hablando y cómo se pretende llegar concretamente a él. En ocasiones, de hecho, estas propuestas tienen en mente un federalismo homogeneizador, más cercano a modelos uninacionales como Alemania o Estados Unidos, pero que se adecua muy mal a una realidad plurinacional como la que caracteriza al Estado español. Otras veces, el federalismo propuesto pasa por alto el reconocimiento explícito del derecho de autodeterminación [8] o parece confiar de manera no problemática toda propuesta de reforma a una súbita conversión de unos partidos estatales que han hecho lo imposible para sabotearla. Hace más de un siglo, en ocasión del naufragio de la I República española, Valentí Almirall –uno de los fundadores del catalanismo progresista– ya reprochaba a Francesc Pi i Margall, como muchos otros republicanos de la periferia, su confianza en que el federalismo pudiera conseguirse desde el centro. Esta objeción de Almirall a la ilusión de un federalismo desde arriba aún aguarda réplica. Y más ahora, cuando la Constitución española se ve despojada sin contemplaciones de sus elementos más sociales para satisfacer los intereses de los grandes acreedores financieros, al tiempo que se convierte en un cerrojo inexpugnable cuando de lo que se trata es de discutir el mantenimiento de la Corona o la democratización a fondo de la organización territorial. En ese contexto, no sorprende que sean cada vez más en Catalunya quienes piensan que solo un acuerdo similar al alcanzado por los gobiernos de Canadá o Reino Unido con Quebec o Escocia permitiría, más allá del corsé constitucional, dar una salida democrática a las reivindicaciones de una amplia mayoría de la sociedad catalana [9]. O incluso que la independencia se ha convertido en un requisito necesario para cualquier pacto posterior, federal o confederal, pero entre iguales.

Sería un error, en suma, que para revertir la hegemonía que CiU y el Partido Popular están consiguiendo en torno a la cuestión nacional, las izquierdas comprometidas con la igualdad, pero también con el pluralismo y la democracia radical, se atrincheraran en la negación o el desprecio del derecho a decidir. Su desafío es otro, complicado pero no imposible: conseguir que las aspiraciones federalistas, confederalistas o independentistas converjan, en las urnas y más allá de ellas, en iniciativas comunes de lucha contra las políticas “austeritarias” europeas y contra un régimen constitucional que ha abdicado de sus elementos más garantistas. Desde estas premisas, hechos como el cerco del Congreso del 25-O, el ascenso del soberanismo de izquierdas en Galiza o Euskadi, la huelga general europea del próximo 14-N o la propia consulta catalana, no deberían verse como fenómenos aislados e inconexos. Antes bien, deberían contemplarse como elementos de un mismo proceso de desestabilización de un régimen que se ha rendido a las exigencias de los poderes financieros y se muestra incapaz de dar respuesta a exigencias democráticas básicas de la ciudadanía en distintos frentes.

Vistas las cosas de este modo, las élites europeas, españolas y catalanas tienen más razones para temer al movimiento activado por la masiva manifestación de la Diada que la propia ciudadanía que lo ha protagonizado. Las declaraciones anti-independentistas de Rajoy, Rubalcaba y Durao Barroso, pero también de Durán i Lleida y de un sector del gran empresariado catalán, son una expresión de ese temor. Naturalmente, el resultado final de lo que pueda ocurrir dependerá de lo que las distintas fuerzas políticas, sociales y culturales, los hombres y mujeres de carne y hueso sean capaces de hacer para dar una salida realmente democrática a la crisis múltiple que atraviesa al Estado. Pero la ventana de oportunidades abierta por el derecho a decidir no debería subestimarse. Hace un siglo atrás, el dirigente anarcosindical Salvador Seguí, conocido como el Noi del Sucre, sostenía que era más probable que la oposición a la independencia de Catalunya viniera “de los capitalistas de Foment del Treball” que de los propios trabajadores, que no tendrían con ella “nada que perder” y sí “mucho por ganar”. Con ojos actuales, aquella sentencia puede parecer demasiado optimista. Sin embargo, no ha perdido toda su vigencia. Más que descalificar el derecho a decidir como una iniciativa disolvente y como un velo para la elucidación de las “contradicciones principales”, las izquierdas catalanas y del resto del Estado deberían hacerlo suyo. Y convertirlo en un acicate para la democratización y la reconfiguración profunda de España y de Europa.

Notas: [1] Estos datos pueden recabarse en encuestas tan disímiles como las del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat, de octubre y noviembre, la de Telecinco o la del propio Centro de Estudios Sociológicos estatal [2] Esta una idea admitida incluso entre independentistas de izquierdas. El cooperativista y periodista David Fernàndez, candidato de la CUP por Barcelona, ha declarado recientemente al respecto: “Ni me identifico con una propuesta como la de Solidaritat per la Independencia, que agita el nacionalismo económico —que no es el instrumento esencial, sino la libertad política de este pueblo, no si cobramos más o menos— ni con lemas como Espanya ens roba —también nos roba nuestra burguesía—. Son discursos independentistas vacíos de contenido social. El proyecto político es diferente no sólo en el contenido, sino también en las formas de hacer las cosas; la democracia participativa y la democracia real deberían estar en el orden del día.” [3] Sobre esta cuestión, tiene interés, entre otros, el ensayo de Germà Bel, España, capital París, Destino, 2010. [4] Sobre las singularidades del nacionalismo español, tanto explícito como puede verse el excelente libro coordinado por Carlos Taibo, Nacionalismo español. Esencias, memoria, instituciones, La Catarata, Madrid, 2007. [5] Jaime Pastor, Los nacionalismos, el Estado español y la izquierda, La Oveja Roja-Libros de Viento Sur, Madrid, 2012. [6] A. Rovira i Virgili, Resum d`Història del Catalanisme, Barcino, 1936, p. 27. [7] Citado por Miquel Caminal en la ponencia “El nacionalismo español y la parálisis federal del Estado Autonómico Catalunya y el Estado español”, presentada ante la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, el 30 de octubre de 2012. [8] Esta fue el certero reparo al manifiesto “federalista i d’esquerres” lanzado por un grupo de intelectuales afines al PSC y a ICV realizado por Antoni Domènech, Jordi Borja o Vicenç Navarro [9] El constitucionalista Francisco Rubio Llorente ha sugerido que la consulta podría abrirse camino, dentro de la legalidad vigente, a partir de una iniciativa de reforma de la actual ley orgánica de referéndum que partiera del Parlament de Catalunya (“Un referéndum para Cataluña”, El País, octubre de 2012). Joan Ridao, por su parte, señala también que una consulta cuya pregunta se vinculara la necesidad de una reforma constitucional posterior podría superar las objeciones de la sentencia del tribunal constitucional 103/2008 a propósito de la ley de consulta vasca de 2008 (Podem ser independents? Els nous Estats del segle XXI, RBA, Barcelona, 2012, p. 39). Lamentablemente, entre los federalistas han sido pocos los que se han mostrado interés en explorar estas vías específicas.