La iniciativa legislativa popular impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otras organizaciones sociales y sindicales, ha sacudido el debate público. Y lo ha hecho por varias razones. Desde luego, porque ha puesto en evidencia la frivolidad y la incompetencia de los partidos mayoritarios a la hora de lidiar con la tragedia de miles de familias engañadas, expulsadas de sus casas y condenadas a deudas inasumibles. Pero también porque ha sabido vincular este drama concreto a un fenómeno más profundo: el de la patológica relación entre el sistema de partidos y el concentrado poder económico  y financiero de nuestro tiempo. Esta relación, como denunciaba nuestra compañera Ada Colau, es a menudo delictiva. Está en la base de la corrupción emergente y del vaciamiento de derechos civiles y sociales básicos reconocidos en constituciones y convenios internacionales. Y es una causa central del bloqueo democrático de un régimen reacio a debatir a fondo cualquier demanda social que pueda desbaratar este oscuro lazo entre política y dinero.

Este bloqueo no es del todo nuevo. Hunde sus raíces en la transición y en el régimen constitucional que se generó luego. La lucha antifranquista, en efecto, forzó a la constitución de 1978 a comprometerse con un modelo de “democracia avanzada” que no se agotara en la convocatoria de elecciones cada cuatro años. Sin embargo, dicho compromiso no tardó en diluirse a favor de una democracia de representantes, controlada por unos pocos partidos y tutelada, precisamente, por ese bloque de poder financiero-inmobiliario-constructor que ha transitado sin mayores sobresaltos desde la dictadura hasta nuestros días. La desconfianza con la que se consagraron los instrumentos de participación ciudadana directa, como los referendos o la iniciativa legislativa popular, es un reflejo de este modelo de democracia de baja intensidad. Que no solo fue una imposición de los partidos más conservadores, sino que contó con el beneplácito de las izquierdas institucionales que esperaban beneficiarse de él.

Casi treinta y cinco años más tarde, los afectados por la estafa hipotecaria han sido víctimas calificadas de aquel “consenso” original. Para hacer oír su voz en las instituciones, han tenido que atravesar una feroz carrera de obstáculos. La propia admisión a trámite de la ILP, previa a la recogida de firmas, fue bloqueada por todas las vías posibles. Una de las más groseras fue la súbita aparición de un extravagante partido “verde ecopacifista” que intentó neutralizar la iniciativa presentando su propia propuesta y que al final resultó ser una tapadera vinculada a promotores inmobiliarios. Superada la admisión a trámite, la PAH y el resto de entidades promotoras de la iniciativa tuvieron que asumir unos gastos que, si acaso, solo se compensarán al final del proceso y de manera muy defectuosa, algo que perjudica claramente a las iniciativas de colectivos con pocos recursos. Igualmente complicado era superar la exigencia de las 500.000 firmas, un número muy superior al que se requiere en países como Austria, Italia o Suiza. Solo la dimensión de la tragedia y la admirable entrega de activistas y afectados explican que el número final de firmas conseguidas haya bordeado el millón y medio. Una cifra que triplica la cantidad exigida por la ley y que no incluye las simbólicamente recogidas a miles de familias migrantes (que fueron consideradas “sujeto de crédito” cuando convenía a los bancos pero a las que ahora se niega el derecho de iniciativa por no ser “ciudadanos”).

A pesar de los ingentes esfuerzos realizados, la ILP se topará hoy martes con un escollo ulterior: la toma en consideración por parte del Congreso, esto es, una votación global en la que se decidirá si la iniciativa continúa su tramitación o no. Ni la PAH, ni ninguno de los promotores de la medida tendrán derecho a explicarla y defenderla ante la Cámara (algo que la reforma de la ley de iniciativas realizada por el gobierno de Rodríguez Zapatero podría haber previsto de manera clara, pero no lo hizo). Esto permitirá al Partido Popular ejercer su anunciado derecho de veto y arrojar a la basura el esfuerzo de todos estos meses sin tener que dar mayores explicaciones. En realidad no haría falta. Cuando una iniciativa legislativa popular se tramita como proposición de ley, los partidos pueden modificar e incluso a distorsionar a placer la propuesta originaria, sin que los promotores tengan el derecho a retirarla (solo la legislación aragonesa sobre iniciativas populares legitima específicamente a la comisión promotora para solicitar la retirada).

En defensa de su posición, el gobierno ha sostenido que una minoría social no puede pretender imponer su punto de vista a mayorías parlamentarias apoyadas por millones de personas. Este argumento, empero, presenta varios problemas. De entrada, la PAH ha reclutado más adhesiones que muchos partidos con representación parlamentaria. Y todo ello sin recurrir a las turbias fuentes de financiación a las que recurren los más poderosos de entre ellos. Según las encuestas, la adhesión a la causa de los desahuciados alcanza al 90 por ciento de la población, incluidos muchos expertos y jueces. Para conocer el alcance real de este porcentaje, la PAH podría convertir su propuesta en una iniciativa de consulta al conjunto de la ciudadanía. En países tan disímiles como Suiza o Ecuador esto sería perfectamente viable. Pero no en España, donde la democracia de baja intensidad pergeñada tras la transición otorga al gobierno la llave exclusiva de la convocatoria de referendos consultivos.

Si rechaza la toma en consideración de la ILP, el gobierno podrá anotarse una victoria. Pero será una victoria pírrica. Desde la guerra de Irak, de la que pronto se cumplirá un nuevo aniversario, nunca la distancia entre mayoría legislativa y mayoría social había parecido tan grande. También entonces, el gobierno del Partido Popular se enrocó en su posición, alegando que los votos obtenidos le autorizaban a seguir adelante. Tiempo después, ya no estaba en el gobierno. Sea cual sea el resultado de lo que ocurra este martes, habrá que tener presente aquel episodio. Porque lo que la PAH ha puesto en la calle no es solo la injusticia de una nueva guerra emprendida contra los desahuciados. Es la injusticia y la violencia de una guerra emprendida contra la mayoría de la ciudadanía, que no cesará hasta que el régimen político y económico heredado de la transición no sea democratizado de la cabeza a los pies. La manifestación del próximo sábado 16 debería servir para avanzar en esa dirección.

Font: http://www.publico.es/450547/que-hay-detras-de-la-ilp-contra-los-desahucios