En nuevo Consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig, ha anunciado su intención de liquidar el legado de su antecesor y ha cuestionado, de entrada, dos de sus proyectos estrella. El código de ética policial será derogado. Las cámaras de vigilancia en las comisarías, al final, se mantendrán, pero controlando su uso, de manera que el “prestigio y el buen nombre” de los Mossos, no quede afectado. El propósito sería evitar “la intromisión en el funcionamiento normal de las comisarías” de unas medidas que sólo han conducido a la “coacción, la hipervigilancia y la desconfianza” hacia el cuerpo policial.

El argumento no es nuevo y ya fue esgrimido, en plena campaña, por el nuevo Presidente de la Generalitat, Artur Mas. En realidad, viene a reproducir el mantra entronado por cierto pensamiento “de orden” frente a todas y cada una de las propuestas de control policial reclamadas por las asociaciones de derechos humanos, algunas de las cuales fueron impulsadas por el gobierno anterior. Ya en su momento, proyectos como el reglamento de armas que prohibieron el uso del kubotán, la certificación ISO ideada para calibrar la calidad del servicio y, sobre todo, la instalación de cámaras de vigilancias en las comisarías, toparon con resistencias similares. Se dijo que ponían en duda la integridad de los Mossos, que no permitían distinguir entre policía democrática y dictadura y que provenían de sectores poco realistas e incluso con escaso “sentido patriótico”. Se insistió, incluso, en la idea de que la anterior Consejería estaba “más preocupada por los delincuentes que por la policía”.

La verdad, no obstante, es que las medidas que ahora se pretenden revisar no son un simple capricho electoral o el producto de la “imaginación creativa” de algún boy-scout izquierdista. La instalación de videocámaras en las comisarías, lejos de ser un arranque justiciero, obedece a los compromisos adoptados por la ONU. En 2005, el Estado español se adhirió al Protocolo Facultativo para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y recientemente, el Gobierno español ha aprobado un Plan de Derechos Humanos en el que se recuerda que “en un país, los derechos humanos valen lo que valen sus garantías” y se prevé la progresiva instalación de cámaras en los calabozos de las comisarías españolas. De hecho, el propio Parlamento catalán, en la estela del Parlamento vasco, se comprometió a “implementar las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura”, entre las cuales se incluía la instalación de estos dispositivos.

Por otro lado, ya en 1979 la ONU adoptó un Código de Conducta para funcionarios encargados de aplicar la ley con el objetivo de dotar a los ciudadanos de un instrumento de protección frente a los abusos policiales. En 2001, por su parte, el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó el Código Europeo de Ética Policial, dando un giro trascendental a la construcción paneuropea de un modelo policial más democrático. Fue en virtud de estos compromisos, en realidad, que la consejera Tura anunció, en 2004, la creación del Comité de Ética Policial. Con una misión específica: la elaboración de un código deontológico similar a los existentes en el ámbito internacional o en algunos países anglosajones

Contra lo que sugiere el nuevo Consejero, es discutible que estas medidas sean siempre ineficaces o que busquen el desprestigio de la institución con su “uso perverso”. En el caso de las cámaras, si bien persisten algunas “zonas oscuras” en las comisarías, lo cierto es que las denuncias por malos tratos tanto en Catalunya como en Euskadi han disminuido casi a la mitad desde su instalación. Todo esto no impide reconocer, en cambio, la existencia de otras que pueden quedarse apenas en un plano simbólico o retórico, sin acabar de incidir en las conductas prácticas. Este es el caso, precisamente, del Código Ético, cuya falta de capacidad sancionadora ha estado reconocida por el propio expresidente Montilla. El problema, sin embargo, es que esta falta de eficacia no puede atribuirse solamente, como querría Puig, al gobierno anterior. También han contribuido a ello los sindicatos policiales y su propio partido, CiU, que presionaron intensamente para que el Código no incidiera sobre cuestiones centrales como la actuación de los antidisturbios o el uso de las armas de fuego.

En realidad, el consejero Puig tiene todo el derecho de pensar que las cámaras en las comisarías, la prohibición de armas no reguladas, la identificación de los agentes, la creación de unidades de mediación en los conflictos o los códigos deontológicos, son medidas perversas, impulsadas para coaccionar y desprestigiar al cuerpo policial. Para ser convincente, empero, debería dejar claro, a su vez, cuál es el modelo de seguridad en el que se inspira la propia crítica. Pretender otorgar prestigio a un cuerpo que puede utilizar la fuerza contra los ciudadanos dejándole las manos libres y manteniéndolo fuera de la mirada pública no parece un camino demasiado realista. Tampoco renunciar a controles que, a estas alturas, deberían considerarse una exigencia básica de cualquier Estado de derecho digno de ese nombre ¿Cuál es, exactamente, la idea de eficacia y de prestigio que defiende el nuevo consejero? ¿Cómo piensa evitar que la policía catalana no acabe reproduciendo vicios y tics autoritarios con tanta frecuencia atribuidos a otros cuerpos de seguridad?