La decisión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de “escrachar”  o señalar públicamente a los diputados que rebajen las propuestas recogidas en su iniciativa legislativa popular está generando un encendido debate público. Para algunos, este tipo de señalamiento es un método legítimo de protesta. Sobre todo cuando existe una vulneración sistemática de derechos y las instituciones permanecen bloqueadas. Para otros, en cambio, los “escraches” son una forma inadmisible de violencia y de coacción sobre las autoridades. El diputado del PP, Esteban González Pons, ha llegado a afirmar que se trata de una práctica delictiva, mafiosa, similar a la que utilizaban “los nazis con los judíos”. Y la propia Delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, ha vinculado a la PAH con el “entorno de ETA”.

Los diputados y senadores no son ajenos a esta situación. Amparados en la disciplina de partido, viven en un confortable anonimato decisorio. La inmensa mayoría de la población no conoce sus nombres ni cómo vota En realidad, el debate sobre la legitimidad del escrache no puede hacerse en abstracto. Como es sabido, esta modalidad de protesta nació en Argentina con un doble objetivo. Por un lado, dar respuesta a la falta de actuación estatal en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura. Por otro, hacer visibles en el espacio público a quienes, beneficiándose de dicha impunidad, pretendían pasar inadvertidos. Si se compara la situación argentina con la española, surgen algunas diferencias evidentes. Parece excesivo, por ejemplo, comparar las desapariciones y asesinatos masivos provocados por la dictadura argentina con el “genocidio financiero” simbólicamente denunciado por la PAH. Del mismo modo, podría resultar desmedido equiparar a los responsables de crímenes de lesa humanidad con los miembros de un grupo parlamentario o que no está dispuesto a aprobar a una iniciativa legislativa popular.

Con todo, tampoco pueden minimizarse las similitudes. La política hipotecaria y habitacional actual puede no ser culpable de “genocidio”. Pero sí de una vulneración sistemática de derechos que afecta a cientos de miles de personas, incluido menores, y que a menudo se traduce en situaciones vejatorias y hasta en suicidios. La ilegalidad de esta situación ha tenido que ser señalada por la ONU y por el Tribunal de Luxemburgo, ante la inacción del Gobierno, del parlamento y del propio Tribunal constitucional. Los diputados y senadores, incluidos los del PP, no son ajenos a esta situación. Son quienes marcan las reglas del juego que la hacen posible. Y sin embargo, apenas responden por estas violaciones a título individual. Amparados en la disciplina de partido, viven en un confortable anonimato decisorio. La inmensa mayoría de la población no conoce sus nombres ni cómo votan. Las protestas ciudadanas no les afectan en términos personales. Y sus mandatos, a diferencia de lo que ocurre en otros países, ni siquiera pueden ser objeto de revocación ciudadana.

Es esta objetiva ausencia de controles sociales, sumada a su condición de cargo público, la que hace que un parlamentario deba soportar un escrutinio crítico más severo que el resto de las personas. Incluso fuera del parlamento. Esto no quiere decir que el escrache no esté sujeto a límites. La violencia física, la intimidación grave y el insulto personal son formas de protesta que no cuentan con cobertura legal. Pero los poderes públicos no pueden invocar coacción, violencia, o peor, proto-terrorismo, cada vez que se los incomode. La ONU y el Tribunal europeo de derechos humanos se han cansado de repetir que la libertad de expresión y de manifestación no se limita a proteger la crítica educada o la que no molesta, sino sobre todo la que puede “ofender, resultar ingrata o perturbar”. Enviar correos electrónicos a un cargo electo, abuchearlo, tocar el timbre de su casa para entregarle una carta o gritarle consignas hirientes, pero con fines políticos, puede sin dudas causar molestias. Pero forma parte de las cargas que ha de aceptar en un régimen que se pretenda democrático. Sobre todo cuando se trata de medidas adoptadas por colectivos sin fuerza para contrarrestar la constante presión que sobre las instituciones ejercen bancos y grandes promotores.

Los poderes públicos no pueden invocar coacción, violencia, o peor, proto-terrorismo, cada vez que se los incomode

Claro que hay derechos ajenos ante los que este tipo de protesta debería detenerse. Pero incluso si no lo hace, eso no autoriza a descargar sobre ella cualquier reproche penal. Un insulto, puede ser una falta, pero no un delito. Arrojar pintura o romper un cristal cuando se tiene una deuda que asfixia, pueden ser delitos, pero delitos leves o con atenuantes. El escrache, como toda crítica, puede generar excesos. Pero hay un peligro mayor: su demonización preventiva o su criminalización indiscriminada. A pesar de situación, los afectados por la estafa hipotecaria han exhibido una paciencia y una contención notables. Si cuando levantan la voz para exigir compromisos concretos con su drama se los acusa de nazis y de kale borroka, hasta los votantes del Partido Popular deberían comenzar a preocuparse.