Que el recorte de derechos sociales suele acarrear un aumento de la protesta es algo sabido, sobre todo cuando viene acompañado del crecimiento impune de los privilegios de unos pocos. Que los gobiernos tienden a responder a dicha protesta de manera represiva, tampoco es nuevo. La cuestión es cómo lo hacen, cómo intentan perfeccionar el socavamiento lento pero persistente de las libertades civiles y políticas, y con ello, de la democracia.

El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley mordaza”, es una pieza más de una serie de medidas represivas impulsadas por el Partido Popular con el objeto de neutralizar el derecho a la protesta. Algunas son conocidas, como el aumento consentido de la violencia policial en las manifestaciones o la reforma del Código Penal impulsada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón. Sin embargo, no son las únicas. Hay otras más sutiles, no tan visibles, pero igual o más efectivas. Su propósito es recluir a la ciudadanía en su casa y convertirla en un espectador resignado de la expropiación política y económica a la que está siendo sometida. La imposición de multas a quienes protestan es quizás una de las más emblemáticas.

Desde el estallido de la crisis, infracciones leves, como negarse a facilitar el DNI, desobedecer ciertos mandatos de la autoridad, provocar desórdenes públicos menores o convocar manifestaciones sin comunicarlas previamente han acarreado sanciones de hasta 300 euros. Según estimaciones de abogados de movimientos sociales, las multas impuestas solo entre 2011 y 2012 alcanzan varios centenares de miles de euros. Estas sanciones afectan a todo tipo de colectivos. Desde afectados por las preferentes, hasta sindicatos y asociaciones de vecinos. Muchas personas multadas por protestar, de hecho, son personas ya endeudadas por no poder pagar sus casas o su acceso a la educación son cargadas.

El efecto de las multas en la vida cotidiana de las personas y de las organizaciones sociales es durísimo. Por un lado, porque pueden resolverse en embargos y otras amenazas sobre el patrimonio de las personas afectadas. Por otro, porque desvía esfuerzos que podrían distraen de las reivindicaciones de fondo. Para contrarrestar el efecto de las multas, muchos colectivos se ven obligados a realizar conciertos, comidas populares y otros actos para recaudar fondos y apoyar a los activistas perjudicados. Recientemente, la propia Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha reconocido que casi todo el dinero recaudado en estos 5 años de existencia deberá destinarse al pago de multas impuestas por organizar escraches y otras formas pacíficas de protesta.

Uno de los puntos más negros de la Ley mordaza impulsada por el PP es que convierte a la multa en un instrumento central, silencioso, de disuasión de la protesta. Muchos de los actos de protesta realizados en los últimos años son consagrados como faltas administrativas a las que se impone sanciones pecuniarias considerables. Perturbar la “seguridad ciudadana” en ocasión de reuniones frente al Congreso, el Senado o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas puede acarrear multas de hasta 30.000 euros. Lo mismo que desobedecer o resistirse a la autoridad, o negarse a identificarse cuando esta lo requiera. Convocar reuniones o manifestaciones similares a las del 15-M, una vez acabada la campaña electoral, puede suponer desembolsos de hasta 600.000 euros.

Si las reformas pergeñadas por los ministros Ruiz Gallardón y Fernández Díaz se abren camino, impugnar estas sanciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa será más difícil y más costoso. Recurrir las multas por participar en un escrache podría costar hasta 2.750 euros, solo en concepto de tasas. Muchas de las sanciones previstas por la Ley Mordaza, en realidad, resultan más graves que las impuestas en el ámbito penal por los mismos hechos. Con el añadido de que no pueden modularse en función del patrimonio del sancionado ni se prevén otras sanciones alternativas. De hecho, las penas que contempla el Código Penal para las faltas denominadas “contra los intereses generales” o el “orden público” tienen un promedio de 30 días de multa que, a razón de una cuota general de 6 euros diarios, suponen 180 euros cada una. Esta afectación al principio de proporcionalidad es la que llevó al Comisario europeo de Derechos Humanos a pedir al Gobierno español que “dejara de culpar” a la población de los problemas sociales derivados de la crisis económica y le explicara cómo “una multa de 600.000 euros por manifestarse delante de las instituciones gubernamentales sin autorización puede ser una sanción equilibrada”.

De salir adelante, la reforma no sólo permitirá al Gobierno engrosar sus arcas a expensas de los estratos populares. También ahogará, todavía más, a quienes ya están endeudados y pretenden cuestionar su situación de empobrecimiento creciente. La idea es clara: aprovechar el mecanismo silencioso, casi invisible de la multa, del endeudamiento infinito, para infundir miedo y convertir a quienes protestan en súbditos silenciados y obedientes.

Hace una semana, decenas de “mareas ciudadanas” salieron a las calles a desafiar esta estrategia punitiva. En la presentación de las Marchas por la Dignidad, la portavoz de la PAH, Ada Colau, también recordó la obligación moral de desobedecer juntos leyes injustas como ésta, ya que “lo más peligroso es quedarse en casa con los brazos cruzados”. Que los sancionados dejen de pagar, que lo hagan colectivamente, no es un escenario sencillo. Sin embargo, tampoco el Estado puede, sin riesgo de colapso, forzar su aparato administrativo y policial para hacer cumplir a todos los remisos. Desbaratar el mecanismo de la multa, de la deuda interminable, se ha convertido en un imperativo de dignidad y de resistencia. La de la gente, como dice Naomi Klein, que empuja las barreras que tratan de contenerla, abriendo ventanas, respirando hondo, probando libertad.