La prostitución ha sido siempre uno de los temas más recurrentes del debate público. Las instituciones lo han abordado desde una posición ambivalente. Con tolerancia en los locales privados; con persecución, por contra, en el espacio público. Con este objetivo, en Barcelona se aprobó la Ordenanza del Civismo en el 2006. Y en el 2012, el entonces alcalde Trias declaró su voluntad de borrar de la ciudad «una intolerable esclavitud del siglo XXI». Con el apoyo del PP endureció el texto y suprimió el requisito del aviso previo a la sanción. Ni el PP en Madrid se había atrevido a ir tan lejos. ¿Qué balance se puede extraer hoy de la aplicación de la ordenanza?

PROTEGER LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES

A primera vista, su entrada en vigor sirvió para sosegar los ánimos de quienes consideraban que existía una situación de caos en la ciudad. El fenómeno, no obstante, no ha disminuido y la situación de las mujeres ha empeorado. Una de las pretensiones de la norma era protegerlas del «comercio y explotación sexual». Desde una visión abolicionista, se sostiene que la práctica no es nunca voluntaria sino fruto de la coacción. Los argumentos son similares a los de la cruzada contra las mujeres musulmanas con velo. Se defiende que está en juego su dignidad como mujeres. Hay que protegerlas por su bien y, si hace falta, contra su voluntad.

No hay que ser un experto en la materia para percatarse de la incongruencia de colocar en la diana a quien previamente se ha definido como víctima o esclava. Lejos de protegerla de sus supuestos explotadores, se prevé incautar el dinero de su trabajo y multas de hasta 3.000 euros. El castigo económico, sin embargo, no es de gran ayuda. A menos ingresos, más incentivos para salir a la calle. La portavoz de Genera, Clarisa Velocci, ha calificado la medida de ejercicio de hipocresía institucional. Un celo punitivo que, más que erradicar, puede fomentar la explotación. La Síndica de Barcelona también se ha sumado a las críticas. Y la Agencia de Protección de Datos sancionó en el 2006 al consistorio por vulnerar sus derechos con un fichero. No son pocas, además, las que acumulan deudas impagables con la Administración. Y eso puede ser un obstáculo para recibir ayudas o prestaciones sociales.

UNA EFECTIVIDAD SIMBÓLICA

En realidad, la efectividad de la ordenanza ha sido sobre todo simbólica. El estigma se proyecta sobre los más vulnerables, profundiza su marginación y los convierte en chivos expiatorios. Lo interiorizan también en perjuicio de su autoestima. La caracterización de las mujeres como incívicas configura un imaginario de rechazables que alimenta comportamientos de odio. Se consolida, además, un mensaje contradictorio con la visión victimista. Sancionarlas transmite la idea de que el problema es básicamente suyo. Esta forma de actuar puede chocar con la normativa europea. La directiva 2011/36 de la UE obliga a los estados miembros a proteger a las mujeres que puedan estar en situación de tráfico. Y a evitar, en cualquier caso, medidas de castigo contra ellas.

Diez años después, se puede asegurar que el abordaje punitivo ha fracasado. Los datos son reveladores e incontestables. Desde el 2009 hasta ahora el Ayuntamiento atiende a unas 400 mujeres. A pesar de las promesas, la cifra se ha mantenido estable. Esta es una de las conclusiones de las jornadas Prostitución y ordenanzas municipales de hace unos días. ¿Cómo abordar, entonces, la cuestión? Desde finales del 2015 se ha dejado de multar a quienes ejercen la prostitución por el solo hecho de estar en la calle. Más allá de los motivos políticos, hay buenas razones legales para ello. La entrada en vigor de la ley de seguridad ciudadana –conocida como ley mordaza– no prevé castigar el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública. Se introduce el requisito de aviso previo. El PP y el PDECat han quedado descolocados. La norma estatal es más benévola que la suya y, en cambio, el fenómeno no ha crecido.

DEBATE ABIERTO

Una vez constatado que multar no es ninguna solución, ahora es el momento idóneo para elaborar una estrategia más eficaz y garantista. Junto con la concejala de Feminismos, Laura Pérez, debemos construir herramientas –sobre todo comunitarias– para afrontar las preocupaciones vecinales sin reproducir un marco punitivo fallido. En esta nueva etapa, el debate se debe abrir a la oposición y a la ciudadanía. También, no obstante, a quien normalmente no se le da la palabra: a las mujeres que ejercen la prostitución. Esto supone aceptar lo que es obvio: que no hay disfrute estable, seguro, de los derechos propios si no se establece un marco que evite amplificar la voz de los más fuertes a expensas de silenciar la voz de los y las más débiles.