En las últimas semanas, el Gobierno ha vuelto a pronunciarse contra la dación en pago en materia hipotecaria. Esta medida, hace tiempo reclamada por diferentes organizaciones sociales y partidos, permitiría a las familias con hipotecas impagables saldar su deuda una vez que entregan la vivienda a las entidades financieras. La obcecación resulta inexplicable tratándose de una propuesta de mínimos ya reconocida en países como Alemania, Francia o Estados Unidos. En todo caso, refleja bien el enorme poder de las entidades financieras y la falta de predisposición política para poner freno a la cultura especulativa que ha conducido a la situación actual.

La ministra Elena Salgado sostiene que este tipo de medidas pondría en riesgo el sistema financiero y que las familias deberían haber sido más prudentes a la hora de solicitar créditos. A estas alturas, sin embargo, el argumento no es de recibo. En un Estado que había hecho muy poco por garantizar vivienda de alquiler asequible, el endeudamiento fue para muchas familias la única forma de acceder a un hogar. Ante la débil capacidad de ahorro de los sectores más vulnerables, las entidades financieras facilitaron créditos que podían superar el valor de los pisos. En muchos casos, la valoración de dichas viviendas corrió a cargo de agencias de tasación estrechamente ligadas a bancos y cajas. La promoción de avales cruzados, entre personas desconocidas, y la ocultación de información respecto de la posible depreciación de las viviendas también fueron hechos frecuentes. En un contexto así, atribuir toda la responsabilidad a las familias hipotecadas es inaceptable. Entre otras razones, porque con ello se absuelve no sólo a los agentes privados involucrados sino también a sus supuestos controladores públicos, comenzando por el Ministerio de Economía y Hacienda y por el propio Banco de España.

Un Gobierno consciente de la cuota de responsabilidad pública en lo ocurrido no debería dudar en colocar el derecho a la vivienda de los potenciales desalojados por encima de los beneficios de la banca. En la práctica, en cambio, ni la moratoria ICO ni el resto de ayudas previstas por los poderes públicos han sido un remedio al sobreendeudamiento. Es más, mientras los desahucios han crecido de manera exponencial, los privilegios de las entidades financieras no han hecho sino consolidarse. Cuando la subasta de inmuebles queda desierta –que es lo que sucede últimamente–, las entidades bancarias pueden adjudicárselos por el 50% del valor de tasación. Una vez que los adquieren, pueden dedicarse a perseguir a las personas desalojadas por la totalidad de la deuda y poner el piso en venta de inmediato a precios de mercado.

En un escenario así, la dación en pago debería ser vista como la justa consagración del derecho a comenzar de cero. Como una pequeña pieza, en realidad, de un programa más amplio orientado a proteger a las personas de los
desalojos por razones económicas y a hacer del acceso seguro a una vivienda un auténtico derecho. Las asociaciones vecinales que, en diferentes ciudades, se solidarizan con familias deshauciadas e intentan bloquear los desahucios están señalando una urgencia: evitar que quienes han perdido su trabajo se queden, además, en la calle. Pero con su acción directa están indicando también la necesidad de otras políticas públicas. Políticas que promuevan moratorias eficaces, una refinanciación asequible de las deudas e incluso su condonación, sobre todo cuando las familias ya hayan sido deshauciadas o cuando la mala fe de las entidades financieras sea probada.
De cara al futuro, estas políticas deberían trazar un “nunca más” respecto de las prácticas especulativas promovidas por las entidades bancarias y por sus supervisores públicos. Ello exige, por ejemplo, que los créditos para compra de vivienda no comprometan en ningún caso más del 25% o del 30% de los ingresos personales o familiares. O que las hipotecas no puedan pagarse durante más de 20 años. Pero requiere, de modo muy especial, la adopción de medidas contundentes de regulación pública del mercado con un objetivo preciso: erradicar los ejercicios antisociales y antiambientales de la libertad de empresa y del derecho de propiedad que han conducido a la emergencia habitacional actual.

¿Qué impide, en efecto, una actuación más decidida sobre el stock de vivienda construida y no vendida, forzando su movilización hacia el alquiler social? ¿Por qué no hacer valer los derechos de adquisición preferente de los poderes públicos en los procesos de ejecución de vivienda? ¿Por qué no se plantea la fijación de precios máximos de alquiler por zonas, como en Austria o Alemania? ¿Por qué no se penaliza de forma severa el mantenimiento injustificado de viviendas vacías? ¿Para cuándo una depuración y democratización del sistema financiero y crediticio, en lugar de esta cerrazón privatizadora que aboca a la repetición más temprana o más tardía de la catástrofe? Son estas cuestiones, más que la funambulesca retórica que pide “calmar a los mercados”, las que pueden conducir a una reactivación sostenible de la economía, capaz de garantizar a todos el derecho a una vivienda y a una calidad de vida dignas.

Jaume Asens y Gerardo Pisarello son juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona.

Ilustración de Javier Olivares